El periodista de la agencia The Associated Press, Joshua Goodman, informó este sábado que fue revelada en una presentación ante una corte de New York otra posible mentira a las autoridades de Estados Unidos por parte del informante en el caso de violación de sanciones contra el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el empresario Samark López.

El informante Alejandro Marín afirmó que les había dicho a sus pilotos que López estaba en la lista de la OFAC y no podía seguir como cliente. Como prueba, entregó una foto de un picnic donde habría hecho el comentario. Pero la foto era de 2016, antes de que López fuera sancionado.

Sin embargo, según el expediente, Marín luego cambió su historia y dijo que la conversación en realidad había ocurrido en un picnic diferente e identificó a 2 testigos: un amigo que lo ayudó a ocultar una relación extramarital y la esposa de un coacusado cuya Green Card él patrocinó. Establecer que los pilotos sabían que López estaba en la lista negra del Departamento del Tesoro es clave para demostrar que los coacusados sabían que estaban cometiendo un delito.

Según el comunicador, lo que queda sin explicar es por qué el gobierno decidió continuar promocionando crédulamente la fantasía de Marín como un hecho, a pesar de que supuestamente recordaba este episodio solo después de que era necesario cubrir una falla material en el caso.

Vale recordar que Marín fue arrestado en septiembre acusado de mentirle al Departamento de Seguridad Nacional de USA sobre 130.000 dólares que desaparecieron de una carga de efectivo que transportó en un jet privado desde Venezuela bajo la dirección de investigadores de USA.

Los fiscales en la audiencia de fianza de Marín el 10 de noviembre dijeron que los USD 130.000 eran parte de una carga de efectivo faltante aun mayor de USD 500.000 que se le dio a unos asociados de Marín.

Los funcionarios construyeron su caso contra El Aissami y López gracias a Marín. Sin embargo, criticaron su credibilidad en la audiencia de fianza, argumentando que era un riesgo de fuga: “No se puede confiar en que el acusado siga las órdenes de la Corte”, dijeron.

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