La detención del periodista y coordinador operativo del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, representa un “mensaje” del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para la oposición venezolana tras la evasión y posterior exilio del dirigente político Leopoldo López, según su familia y defensores de derechos humanos en el país.

Presuntos agentes de inteligencia detuvieron a Carreño, vinculado en la última década a la organización de López, donde también militó hasta el año pasado el presidente interino Juan Guaidó, en su residencia en Caracas.

Sindicatos de la prensa venezolana y el mismo despacho de Guaidó calificaron su arresto como una “desaparición forzosa”, aunque indicaron que se encontraba recluido en una sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

“Aquí se está enviando un mensaje: ‘se fugó [López], pero a la gente que queda en Venezuela vinculada a Leopoldo López la podemos perjudicar’”, interpreta Andrés Cañizález, periodista, defensor de derechos humanos y precandidato a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, en entrevista con la Voz de América.

López viajó desde Caracas, donde residía en la embajada de España en calidad de huésped desde abril de 2019, hasta la frontera con Colombia en el estado venezolano de Táchira, en el occidente del país, para viajar luego al exilio.

López, acusado por el gobierno madurista de terrorismo e instigación de manifestaciones violentas contra el ejecutivo, llegó el domingo a España para reunirse con su familia y trabajar, según detalló a la prensa, en la promoción de elecciones presidenciales libres, en conseguir justicia por la violación de derechos humanos y en gestionar asuntos humanitarios en Venezuela.

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente del madurismo, Tarek William Saab, informó el martes por la noche que el arresto ocurrió “en flagrancia” y obedecía a la presunta participación del periodista de Voluntad Popular en “planes conspirativos contra la paz democrática”.

En Twitter, Saab precisó que el Fiscal 73 de competencia nacional adelantaría las investigaciones del caso, pero acotó que, de manera preliminar, se vincula a Carreño a la “entrega de armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional”.

El comunicador, según el fiscal general venezolano, tenía en su posesión 12.000 dólares en efectivo y un fusil R15 al momento de su detención.

“Pase de factura”

Cañizález destaca de Carreño su condición de periodista, aunque duda que su arresto pueda asociarse a una agresión hacia la prensa. Cree, por el contrario, que su expediente penal tiene motivaciones políticas.

“El gobierno le va a pasar factura a Voluntad Popular por la salida de Leopoldo López. En el esquema como se maneja el gobierno, tiene que castigar o sancionar la huida de López”, apunta.

Fortunella Miranda Gutiérrez, hermana del periodista detenido, comparte la tesis de que la detención tiene origen político.

“Es evidente que es una factura política que se le está pasando a mi hermano, porque es una persona bastante allegada al señor Leopoldo López. Nos queda completamente claro a nosotros como familia”, expresó en un video difundido a la prensa y a diplomáticos en Venezuela.

Cañizález subraya que la detención “arbitraria” de Carreño ocurre 48 horas luego del nombramiento de una nueva ministra del Interior, Carmen Meléndez, en sustitución de uno de los generales retirados de mayor ascendencia en el madurismo, Néstor Reverol.

La sustitución ministerial, a su juicio, está lejos de involucrar una limpieza de imagen del madurismo tras los informes de verificación de violación de derechos humanos en Venezuela de las Naciones Unidas.

“Nos demuestra que hay una política de Estado en materia represiva, porque se siguió el mismo patrón de detenerlo, desaparecerlo, mantenerlo bajo tortura, suponemos, como ha venido ocurriendo”, expone Cañizález.

Delito de lesa humanidad

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que la Fiscalía acusará a Carreño en el Tribunal Cuarto de Terrorismo, ante el juez que lleva el caso de la Operación Gedeón, una fallida incursión de agentes extranjeros de seguridad y militares venezolanos contra el gobierno en disputa de Maduro.

La mamá de Carreño, Josefina Gutiérrez, difundió un mensaje en el que exhorta al poder ejecutivo de Maduro a revelar dónde y en qué condiciones está su hijo.

“Estamos preocupados. Si hay un funcionario cerca de mi hijo Roland, que, por favor, le facilite un teléfono para que él me llame y yo saber de él”, dijo, llorosa.

Provea, organización defensora de derechos humanos en Venezuela, repudió la detención de Carreño y de al menos ocho personas más luego del exilio de Leopoldo López, entre ellos seis empleados de la embajada de España.

Marino Alvarado, su coordinador de investigación, advirtió del “patrón” de desapariciones forzadas, allanamientos ilegales a viviendas y arresto de familiares de las personas vinculadas a casos políticos como “chantaje”.

Alvarado consideró que el caso de Carreño ha constituido un delito de lesa humanidad y denunció que, como múltiples acusados por motivos políticos, llega a tribunales sin que su abogado conozca previamente su expediente penal.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la cuenta oficial de su embajada en Venezuela en Twitter, también reclamó la liberación de Carreño y acusó a Maduro de continuar su “plan de intimidación y violación de derechos humanos”.

VOA.

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