Un agente estadounidense antinarcóticos reconoció el lunes haber conspirado para lavar dinero con el mismo cártel colombiano que juró combatir, una de las traiciones más escandalosas en la historia de la agencia antidrogas de Estados Unidos.

El agente, Jose I. Irizarry, se declaró culpable de 19 cargos federales, incluyendo fraude bancario y haber desviado millones de dólares en ganancias de la droga del control de la DEA.

El juicio no sólo es motivo de vergüenza para la DEA, sino que también podría tener consecuencias perdurables en sus operaciones encubiertas contra el lavado de dinero. Además, generó interrogantes sobre el nivel de supervisión que tuvo Irizarry durante su carrera, en la que se le confió el uso gubernamental de empresas fachada, cuentas bancarias simuladas y mensajeros para combatir el narcotráfico internacional.

Timothy J. Shea, el administrador interino de la DEA, dijo que los delitos de Irizarry “no reflejan los elevados estándares de conducta que les exigimos a nuestros empleados y a nuestros agentes”.

“La corrupción y la traición al pueblo estadounidense —el mismo pueblo que debemos proteger— no tienen cabida en la DEA, ni la tiene el señor Irizarry”, manifestó Shea.

El exagente miraba abatido sus manos mientras el juez federal de primera instancia Thomas G. Wilson leía los cargos.

Estoy expiando mis pecados”, le dijo Irizarry a The Associated Press después de la audiencia. “Deseo dejar esto atrás”.

Irizarry, de 45 años, había sido acusado de presentar reportes falsos y de ordenarle a personal de la DEA transferir dinero destinado a operativos encubiertos a cuentas internacionales controladas por él y sus socios.

Fue acusado también de compartir información policial delicada con sus cómplices, indicaron fiscales, incluyendo un funcionario público colombiano y un presunto narcotraficante y lavador de dinero.

El plan delictivo no sólo enriqueció a Irizarry, sino también a dos cómplices no acusados, ninguno de los cuales fue mencionado en la imputación. Uno era un funcionario público colombiano, mientras que el otro era jefe de una organización de narcotráfico y de lavado de dinero, según el acta acusatoria.

Irizarry podría ser condenado a décadas tras las rejas. No se anunció una fecha para su sentencia.

La declaratoria de culpabilidad es una sorprendente caída en desgracia para Irizarry, a quien sus superiores elogiaron repetidas veces tras su ingreso a la DEA en Miami en 2009, incluso después de que dio indicios de mentir en una prueba del polígrafo.

Antes de que renunciara en 2018, sus hábitos ostentosos y relatos de fiestas en yates con prostitutas en bikini se habían vuelto legendarios entre los agentes.

Aproximadamente a partir de 2011, señalaron los fiscales, Irizarry se valió de su autoridad para presentar reportes falsos y engañar a sus superiores, al tiempo que le pedía a personal de la DEA que transfiriera fondos reservados para operativos encubiertos a cuentas en España, Holanda y otras partes, las cuales estaban bajo su control o vinculadas a su esposa y sus cómplices.

En total, Irizarry e informantes bajo sus órdenes manejaron al menos 3,8 millones de dólares que deberían haber sido rastreados cuidadosamente por la DEA como parte de investigaciones encubiertas sobre lavado de dinero, indicaron los fiscales.

En la imputación se habla de un pago de al menos 900.000 dólares desde una sola cuenta delictiva abierta por Irizarry y de un informante utilizando el nombre, pasaporte y número de Seguro Social de una tercera persona que no estaba al tanto de que le estaban robando la identidad.

Las ganancias del ardid financiaron una auténtica ola consumista, incluyendo la compra de un anillo de diamantes de Tiffany por 30.000 dólares, un BMW, tres camionetas Land Rover y una vivienda de 767.000 dólares en la ciudad de Cartagena, al igual que casas en el sur de Florida y Puerto Rico, donde Irizarry y su esposa habían estado viviendo. Con ese dinero también fue adquirido en Miami un Lamborghini Huracan Spyder modelo 2017 a nombre de un familiar de uno de los cómplices.

La fiscalía señaló que, para ocultar sus acciones, Irizarry abrió una cuenta bancaria a nombre de alguien más y utilizó la firma falsa y el número de Seguridad Social de la víctima. AP

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