El comercio en el mercado negro venezolano se ha incrementado como consecuencia del “transporte de alimentos desde Brasil hacia Venezuela”, alega InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado.

Recientemente el gobierno de Brasil prorrogó un decreto que prohíbe el ingreso de extranjeros por vía terrestre o marítima a su territorio, pero la medida exceptúa a camiones que cruzan la frontera por razones humanitarias. Esta situación, según InSight Crime “ha sido utilizada por los distribuidores de alimentos en Venezuela como excusa para comprar productos en Brasil y venderlos en suelo venezolano a precios inflados”.

La fundación cita a funcionarios y habitantes de Santa Elena de Uairén, una ciudad fronteriza en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, diciendo que: “por la frontera cruzan cada día decenas de camiones que transportan alimentos de Brasil”, que incluyen productos básicos como café, azúcar y mantequilla, entre otros.

“Un kilo de arroz cuesta 60 centavos de dólar en Brasil, pero se vende por 2 dólares en Santa Elena de Uairén”, dijo un funcionario a la unidad de investigación de InSight Crime en Venezuela .

Según el informe, los conductores sobornarían a funcionarios de la frontera para que “les permitan pasar tabaco y combustible, artículos que no están contemplados en el decreto, pero que se venden fácilmente en el mercado negro”.

“Un litro de gasolina cuesta menos de 1 dólar en Brasil, pero se vende por 6 ó 7 en Santa Elena de Uairén”, relataron locales a InSight Crime.

El estudio de la fundación asegura que, Venezuela “sufre el doble embate de la escasez de alimentos debido a la crisis económica y ahora la pandemia del coronavirus, lo que ha llevado al aumento del comercio de bienes en el mercado negro”.

La investigación refiere comentarios de Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana quien sostuvo que el decreto ha favorecido a funcionarios gubernamentales y que “muchos de los productos son transportados a zonas estratégicas, como las áreas mineras del estado Bolívar, con el fin de que la minería ilegal pueda continuar”.

“Nada nuevo”

Consultada por la Voz de América, Ronna Rísquez, periodista de investigación especializada en crimen organizado, explica que “no hay nada nuevo” en cuanto al tema de estructuras que contrabandean alimentos y que, aunque ha sido menos estudiada, en la frontera con Brasil ocurren “situaciones muy similares” a las que se ven en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Rísquez detalla que se trata de estructuras que han estado operando en ambos lados de la frontera, “tanto llevando mercancía en el momento en el que era rentable llevarla desde Venezuela a Brasil, y la han estado trayendo también desde Brasil hacia Venezuela cuando ha habido dificultades en el mercado venezolano”.

“La participación de los cuerpos de seguridad y específicamente de la Fuerza Armada venezolana ha sido denunciada reiteradamente como parte de estas mafias o por lo menos, ser los que permiten operar a estas mafias, cobrando vacunas, cobrando una especie de impuesto”, añade.

Rísquez considera que habría que “mirar” qué otra mercancía podría estarse transportado, pues no “sería la primera vez que se utilicen vehículos con una fachada para transportar mercancía ilegal como armas, droga u oro”.

La especialista agrega que “la comida se ha convertido en una de las actividades predilectas de los grupos armados venezolanos para financiarse” y afirma que aunque no hay una medición científica para decir que la situación ha empeorado a partir de la pandemia, hay elementos que así lo indican.

“Debe estar siendo más difícil sacar droga, debe estar siendo más difícil todo el tema de la explotación de oro, es decir, se han reducido un poco los mercados ilegales en los que participaban estos grupos organizados, entonces sacan más provecho a lo que quedan y la comida es algo que la gente siempre va a necesitar”, asegura Rísquez.

La semana pasada el presidente del Gobierno en disputa, Nicolás Maduro dijo que desde Brasil “muchos” venezolanos han atravesado por “trochas” (pasos fronterizos ilegales), afectando al pueblo del estado Bolívar, y nuevamente acusó al gobierno colombiano de no prestar “apoyo sanitario”.

“Si tuviéramos el apoyo sanitario desde el lado colombiano, no estuviera este problema de que delincuentes, paramilitares, grupos de narcotraficantes, contrabandistas, grupos que se dedican a la trata de personas estén metiendo por trochas a decenas, centenares de venezolanos que están huyendo de Colombia”, sentenció durante una transmisión de uno de los tantos canales del Estado.

Con información de VOA.

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