En momentos que se registra un alarmante repunte del nuevo coronavirus, el presidente en disputa Nicolás Maduro y sus aliados siguen adelante con sus planes de realizar en diciembre unos comicios legislativos convocados en medio de la emergencia sanitaria y signados por la desconfianza opositora al madurismo en la cuestionada autoridad electoral.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron seleccionados al margen del Legislativo —de mayoría opositora al madurismo— y son vistos como aliados del Gobierno en disputa.

“Ya arrancó el proceso convocado para el 6 de diciembre de este año para que el pueblo elija con su voto una nueva Asamblea Nacional“, dijo Maduro, al saludar la inscripción masiva de nuevos electores y la actualización de datos del padrón electoral, que concluyó el miércoles.

El mandatario en disputa ha prometido una elección a “puertas abiertas” para velar por su pulcritud y estrictas medidas sanitarias para permitir supuestamente la participación de todos los electores en condiciones seguras, pese a que se estima que el virus seguirá activo por “mucho tiempo”.

En Venezuela —que ha estado en cuarentena desde el 16 de marzo, tres días después que se confirmaron los dos primeros casos— se contabilizan 19.443 casos positivos. De ese total, 17.998 fueron detectados entre el 1 de junio y el 1 de agosto, mientras la cifra de fallecidos saltó de 14 a 169 en ese período.

En las últimas 24 horas, en tanto, se registraron 869 nuevos casos, la cifra diaria más alta desde que se detectó el virus por primera vez en el país.

“Nosotros estamos… con la mente puesta en la movilización, en la organización a pesar de la pandemia”, agregó el gobernante en disputa, quien confía que “esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar, esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea Nacional”, cuya mayoría abrumadora perdió el madurismo en 2015.

La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral acordó aumentar el número de cargos a elegir para el período 2021-2026, de 167 a 277 por el crecimiento de la población, estimada en unos 32 millones, aunque abogados consultados afirman que no se cumplió con los requisitos constitucionales.

Como suele ocurrir en este país profundamente dividido por la política, las opiniones contrastan sobre la conveniencia de realización de la elección.

Una trama apara “nunca salir del poder”

Muchos como Yesica Valiente, empleada en el Ministerio de Transporte, consideran que la consulta es una “buena idea”, a pesar de que se “este en plena pandemia”; otros como Álvaro Ramírez, obrero en un mercado mayorista de Caracas, piensa que la elección es parte de una trama del “gobierno para nunca salir del poder”.

Las dudas sobre la imparcialidad del CNE —que es acusado de fijar las fechas de las elecciones y sus condiciones para que se ajusten a los objetivos políticos del Ejecutivo— no cesan, pese a la designación de nuevos miembros directivos. El organismo es considerado ilegitimo por los críticos de Maduro luego que el Tribunal Supremo de Justicia designó a sus directores, sin cumplir los extremos legales previsto en la Constitución, alegando que los legisladores incurrieron en una “omisión inconstitucional”.

El máximo tribunal, que controla el gobierno en disputa, tal y como lo ha hecho desde que los diputados fueron elegidos en diciembre del 2015, mediante una sentencia despojó de otra de sus atribuciones a la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora al madurismo, que por mandato constitucional tiene la potestad de elegir a los miembros de los directivos del CNE.

El Tribunal también suspendió entre mayo y junio a las juntas directivas de los cuatro mayores partidos opositores al madurismo y en su lugar designó a supuestos opositores disidentes que rechazan el boicot de los comicios legislativos planteado por los líderes dejados de lado judicialmente. Entre los nuevos miembros de las juntas ejecutivas de los partidos sometidos al dictamen del Tribunal figuran algunos dirigentes que fueron expulsados de esas organizaciones por presunta corrupción y vínculos con Maduro.

El partido Acción Democrática —a semejanza de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, donde militó el presidente interino Juan Guaidó— sostiene que Maduro busca darle “algún viso de credibilidad a esta farsa electoral” e intenta “confundir” a los electores al entregar los nombres y símbolos de esas organizaciones políticas a supuestos disidentes opositores.

Los adversarios de Maduro en su mayoría afirman que los comicios en Venezuela no son libres ni justos, particularmente después de la cuestionada reelección de Maduro en el 2018, comicios que fueron adelantados y se inhabilitó a varios de los líderes y partidos opositores más populares para participar. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de la región no reconocieron ese resultado.

Otros, aunque reconocen que no son óptimas las condiciones, abogan por elecciones.

“Venezuela necesita un cambio, que la gente participe y decida con su voto“, dijo Claudio Fermín, veterano político que se dice opositor al madurismo y que promueve las elecciones legislativas.

“Tenemos que devolverle un mínimo de estabilidad y concordia a Venezuela“, agregó, Fermín, citado en un comunicado por su partido Soluciones para Venezuela.

Con información de AP.

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