Venezuela sumó este viernes cinco muertes más por covid-19, para un total de 134 fallecimientos, además fueron registrados 650 nuevos casos lo que eleva a 14.263 la cifra de infecciones detectadas en el país, según anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Sin embargo, un artículo de la periodista Florantonia Singer publicado en el diario El País de España reseña que la pandemia se está acelerando en Venezuela y las políticas de control no son suficientes.

“Un solo laboratorio en Caracas ha analizado desde marzo hisopos o bastoncillos a través de pruebas moleculares. El registro oficial no ofrece, según los expertos, una fotografía siquiera aproximada del avance del coronavirus en el territorio. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha negado, incluso con un aumento del 30% de los casos positivos en las últimas cinco semanas, a autorizar a laboratorios privados y a las instituciones académicas para que realicen pruebas”, publica el medio.

El médico infectólogo Julio Castro, miembro de la Comisión Especial para la covid-19 creada por la Asamblea Nacional, apuntó que el camino que recorre la muestra de un posible paciente hasta el resultado que confirme o descarte la contracción del virus es largo.

A continuación el artículo completo publicado por El País:

Los números de la pandemia de covid-19 en Venezuela se ven a través del ojal de la limitada capacidad diagnóstica que tiene el país. Un solo laboratorio en Caracas ha analizado desde marzo hisopos o bastoncillos a través de pruebas moleculares. En cuatro meses, las confirmaciones superan los 13.000 casos y las muertes llegan a 124, números que están muy por debajo de la región y sobre todo de sus vecinos de Brasil y Colombia, que cuentan dos millones y 200.000 casos respectivamente. El registro oficial no ofrece, según los expertos, una fotografía siquiera aproximada del avance del coronavirus en el territorio. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha negado, incluso con un aumento del 30% de los casos positivos en las últimas cinco semanas, a autorizar a laboratorios privados y a las instituciones académicas para que realicen pruebas. La pandemia se está acelerando en Venezuela y las políticas de control no son suficientes.

El camino que recorre la muestra de un posible paciente de covid-19 hasta el resultado que confirme o descarte la contracción del virus es largo. “Primero, enviamos una ficha epidemiológica [un formulario en papel] al distrito sanitario del Ministerio de Salud. Ellos toman la muestra el mismo día o al día siguiente luego de la notificación y se la llevan al Instituto Nacional de Higiene”, explica el médico infectólogo Julio Castro, miembro de la Comisión Especial para la covid-19 creada por la Asamblea Nacional. El resultado se lo comunican una semana después. “Siete, ocho, nueve días es el tiempo habitual, pero hemos tenido pacientes que son coroneles y ahí tarda menos”, apunta. Si el paciente está en el occidente del país, en Zulia, el Estado con más casos, la muestra debe viajar 697 kilómetros por carretera o una hora en avión para analizarse. En el interior del país, la espera por resultados de pruebas PCR es de varias semanas.

Castro señala que el retraso en los resultados tiene implicaciones directas en los pacientes. “Uno puede ir atendiendo el cuadro con los medicamentos básicos, pero si es necesario aplicar el protocolo de fármacos que ha establecido el ministerio hay que esperar a tener la PCR positiva”, indica. Además, como ha insistido la Organización Mundial de la Salud y como se ha visto en la evolución de la pandemia, los países que han desarrollado una mejor estrategia de control del virus son los que tienen mayor capacidad para detectar a tiempo los casos y sus contactos.

El embudo en el análisis de PCR genera más gastos hospitalarios y sobrecarga de un precario sistema sanitario, agrega el especialista. “El protocolo del Ministerio de Salud indica que es necesaria una prueba negativa de PCR para dar el alta, antes eran dos. Un paciente tiene que esperar un resultado otros ocho días en una cama que podría estar usando otro”. Esta semana, hay reportes de clínicas privadas en Caracas que ya han alcanzado su capacidad de atención. Hace días se había denunciado el colapso del Hospital Universitario de Maracaibo. El Gobierno también ha anunciado planes para ampliar la capacidad inicial de 23.000 camas, con la habilitación de recintos feriales como el Poliedro de Caracas o en residencias universitarias en la capital, de donde desalojaron a 90 estudiantes para albergar contagiados.

Cuando se inició la pandemia, los expertos que integran la comisión de la Asamblea Nacional señalaron que en el país hay ocho centros con equipos y personal entrenado para procesar pruebas. Al menos 10 clínicas privadas y dos hospitales cuentan con aparatos para análisis rápido de PCR, agrega Castro. Este inventario de recursos fue discutido con la Organización Panamericana de Salud el mes pasado cuando se firmó un acuerdo para manejar la pandemia entre el Ministerio de Salud de Maduro y la Asamblea Nacional dirigida por su rival Juan Guaidó, uno de los pocos pactos que ha permitido la profunda crisis política y institucional en la que está sumida de Venezuela. De estas gestiones, al menos en lo que respecta a las pruebas, nada ha cambiado. Un resultado visible de esa cooperación ha sido la distribución de mascarillas, batas y equipos de protección para médicos de hospitales de seis Estados del país.

La Universidad de Los Andes (ULA) ofreció a procesar las muestras de la región andina, pero no ha recibido la autorización ni el material. “Desde marzo, hemos tenido múltiples reuniones con autoridades de un lado y de otro y por alguna razón no pasa nada”, dice por teléfono el virólogo José Andrés Mendoza, investigador desde hace 25 años del Laboratorio de Microbiología en el estado Mérida. Durante la pandemia de AH1N1, entre 2009 y 2011, este centro confirmó los primeros casos en el país y procesó pruebas. “Recibimos presiones sobre la divulgación de los resultados, pero somos rebeldes”, dice. En ese tiempo, el ministerio de Salud de Hugo Chávez lo dirigió por primera vez un militar y comenzó la censura de los datos epidemiológicos, que una década después continúa.

La propia universidad gestionó los reactivos para las pruebas con los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos. Ahora, la ULA -que como todas las universidades del país arrastra un grave déficit presupuestario- tiene a disposición los equipos y el personal y solo requiere los insumos para hacerlas. “En Alemania, apenas comenzó la covid-19, las universidades se sumaron a hacer pruebas. Ahora mismo en Argentina hay 15 centros académicos trabajando. En Venezuela hay por lo menos cuatro laboratorios académicos que podrían sumarse”, dice Mendoza. “Llevando muestras a Caracas se pierde tiempo valiosísimo para actuar”. agrega.

Diagnósticos insuficientes

El martes, Maduro anunció que el Laboratorio de Microbiología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas se sumará al diagnóstico de la covid-19. Con este centro, también ubicado en Caracas, sumado a una pequeña unidad móvil instalada en el estado fronterizo de Táchira, el país tendría tres laboratorios para pesquisar casos. Esta ampliación en el diagnóstico sigue siendo insuficiente cuando se suman mil contagios cada dos días.

La opacidad en los datos se ha convertido en una política de Estado en Venezuela, denuncian los especialistas. La información que se divulga sobre la covid-19 tiene inconsistencias, está centralizada y no permite a los epidemiólogos trazar mapas para cortar la transmisión. En el país no se sabe el número diario de pruebas PCR que se realizan ni es posible calcular la tasa de positivos, un indicador útil para seguir el comportamiento de la epidemia. El Gobierno de Maduro, sin embargo, insiste en decir que Venezuela es el país que realiza más pruebas en la región al sumar las pruebas rápidas. El miércoles reportaron que habían hecho 1.440.000 pruebas realizadas en 19 semanas.

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