Una empresa de consultoría propiedad de un exlegislador de Miami que compartía vivienda con el senador Marco Rubio, así como su visión anticomunista, fue demandada el miércoles por el supuesto incumplimiento de un contrato por 50 millones de dólares con el gobierno socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro.

La demanda en contra de Interamerican Consulting, propiedad de David Rivera, fue interpuesta en una corte federal de Nueva York por opositores de Maduro que actualmente controlan la subsidiaria estadounidense de la paraestatal petrolera PDVSA.

Según la demanda, PDVSA contrató a Interamerican a principios de 2017 para una labor de consultoría de tres meses con la intención de mejorar la “reputación a largo plazo” de PDVSA y su “posición” entre “grupos específicos” en Estados Unidos.

Pero la demanda afirma que el republicano cubano-estadounidense no pudo describir las labores que realizó, presentando únicamente dos de los siete reportes quincenales de progreso que había prometido mientras cobraba los primeros 15 de los 50 millones que se habían pactado.

En esos momentos, Maduro intentaba quedar bien con el gobierno del presidente Donald Trump, evitando críticas directas hacia el nuevo mandatario mientras canalizaba 500.000 dólares a su comisión de investidura a través de Citgo, la subsidiaria de PDVSA con sede en Houston.

El plan fue un fracaso rotundo. Alentado por Rubio, quien organizó un encuentro en la Casa Blanca entre Trump y la esposa del activista opositor Leopoldo López, Estados Unidos incrementó gradualmente la presión sobre Maduro y en agosto de 2017 impuso la primera de una serie de sanciones cada vez más duras contra PDVSA.

Los 50 millones de dólares que PDVSA acordó pagarle a Interamerican, cuya dirección comercial es la residencia de Rivera en Miami, opacan los 12,5 millones que Maduro accedió pagar este año al despacho jurídico Foley Lardner, de Florida, a cambio de cinco meses de trabajo en relaciones públicas y labor de cabildeo. Foley Lardner eventualmente se retiró del acuerdo ante la indignación de críticos conservadores que acusaron a la compañía de colaborar con un dictador socialista.

Pedro Burelli, exintegrante de la junta directiva de PDVSA y firme partidario de la oposición, dijo que la contratación de Rivera por una suma tan elevada podría tener estar más relacionada con el lavado de dinero entre los allegados de Maduro que con una labor real de cabildeo.

“No hay nada legal que el señor Rivera estuviera en posición de hacer para Maduro por 10 veces menos dinero”, dijo Burelli desde Washington. “Comprender cuáles son los verdaderos servicios a prestar en este contrato podría arrastrar a mucha gente más a este desagradable escándalo”.

La demanda afirma que Rivera “no llevó a cabo servicios significativos pactados en el acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que se pudieran esperar de manera razonable a cambio de una cuota de unos 17 millones de dólares mensuales”.

Desde entonces, el gobierno de Trump le ha entregado la propiedad de los activos de PDVSA en Estados Unidos, incluyendo Citgo, a representantes del líder opositor Juan Guaidó, a quien reconocen como el líder legítimo de Venezuela.

Cuestionado sobre el contrato, Rivera respondió en un mensaje de texto que “pregunten a los 6 de Citgo” en referencia a los cinco estadounidenses y a un residente legal que están detenidos en una cárcel venezolana desde noviembre de 2017, seis meses después de que se firmara el contrato.

“Ellos manejaban toda la operación, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo López. Es todo lo que sé”, comentó sin responder más preguntas y rehusándose a dar más explicaciones. La AP no pudo verificar su versión de manera independiente.

Por medio de un vocero, López negó cualquier participación en el contrato, el cual fue firmado mientras él aún estaba aislado en una prisión militar de Caracas.

Rivera, de 54 años, es un exlegislador estatal de alto rango que compartió una residencia en Tallahassee con Rubio, entonces presidente de la Cámara de Representantes. Ha estado involucrado en varias polémicas de índole electoral desde entonces, incluyendo orquestar el financiamiento encubierto de un candidato demócrata, cuya identidad sigue siendo desconocida, para enfrentar a su principal rival en una contienda parlamentaria del sur de Florida, así como una investigación estatal sobre si ocultó un contrato por un millón de dólares con una compañía de apuestas. Dicha pesquisa también involucra una posible malversación de fondos de campaña para pagar actividades de la cámara baja estatal que ya habían sido reembolsadas por el estado. Rivera nunca ha sido acusado de un delito.

Rivera cumplió un periodo en el Congreso entre 2011 y 2013, y en ese tiempo rindió homenaje a exiliados venezolanos que huyeron del régimen socialista, y fue copatrocinador de un proyecto que pretendía retener fondos a la Organización de Estados Americanos hasta que el organismo plantara cara al entonces mandatario Hugo Chávez por supuestas violaciones a la Constitución de Venezuela.

“Sólo sé lo que se reportó hoy en el New York Times. Pero si los hechos son los que se reportaron, serían noticias sumamente decepcionantes”, dijo Rubio en declaraciones a la prensa desde el Capitolio. AP

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