El Foro Penal Venezolano ha contabilizado 23 nuevos presos por motivos políticos desde el 16 de marzo, cuando comenzó la cuarentena en el país.

Entre ellos se encuentra Henderson Maldonado, un defensor de derechos humanos que acompañaba a un grupo de pacientes renales en una protesta, y que fue liberado después con medidas cautelares.

Asimismo, se suma el caso del periodista Darvinson Rojas, y los cinco miembros del equipo de Juan Guaidó (tres de ellos de nacionalidad española: Demóstenes Quijada, Victor Manuel Silio Terzo y Sergio Termini Tudela) que han sido llevados por cuerpos de seguridad, sin órdenes judiciales, usando la misma modalidad para entrar a sus casas bajo la excusa de un supuesto chequeo de un caso sospechoso de coronavirus.

El Colegio Nacional de Periodistas ha reportado 11 detenciones arbitrarias de periodistas, cinco casos de hostigamiento como fue el caso de los reporteros de NTN24 y CNN en Español, víctimas de amenazas directas en redes sociales y en sus teléfonos. También se han registrado numerosas pintas amenazantes bajo la firma de “Furia Bolivariana” en los domicilios de varios legisladores opositores, reseñó El País de España.

Sin embargo, hay otras modalidades como lo ocurrido el 25 de marzo cuando un grupo de 60 personas fue sometido a una cuarentena forzosa al regresar en un autobús desde la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira. Después de ser detenidos durante el camino en varios retenes policiales, en la ciudad de Barquisimeto, los guardias ordenaron recluirlos en la Villa Bolivariana, unas viviendas deportivas sin ocupación que ha sido denominado como un centro de “aislamiento preventivo”. Ahí deben cumplir, bajo llave, un confinamiento por 15 días, aun sin la certeza de ser portadores del virus.

Una mujer de 22 años alojada en el lugar junto con su bebé relató que a los viajeros los separaron entre hombres y mujeres, que les ha faltado la comida y han sido víctimas de malos tratos.

“El Gobierno no ha querido decir abiertamente que están suspendidas las garantías y hay una laguna para decir si es legal o no que te detengan de esa manera. No ha habido una respuesta técnica a la epidemia y se ha privilegiado el uso de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad al punto que hay gente que tiene medio de notificar los síntomas para que no vayan a buscarlos las FAES (Fuerzas Especiales de la policía sobre las que hay graves denuncias de violaciones de los derechos humanos). No hay protocolo claro de actuación y suceden muchas arbitrariedades porque todo queda a discreción de las autoridades locales, lo que además ha dificultado la labor humanitaria de muchas organizaciones poniendo en riesgo a la población a la que atienden”, señaló Rafael Uzcátegui, director de Provea.

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