El gobierno de Nicolás Maduro suspende hasta el 1 de septiembre de 2020 el pago de alquileres de inmuebles de uso comercial y de vivienda principal, incluidos los cánones vencidos a la fecha aún no cancelados.

La medida corresponde al decreto anunciado por el Ejecutivo Nacional en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria a propósito de la llegada del Covid-19 a fin de aliviar la situación económica de los arrendatarios y arrendatarias.

La información aparecida en la Gaceta Oficial nro. N° 6.522 Extraordinaria precisa en 8 artículos las condiciones de la medida que afecta a los dueños de los inmuebles.

El artículo 1 resume que en el plazo previsto no resultará exigible al arrendatario o arrendataria el pago de los cánones de arrendamiento que correspondan, ni los cánones vencidos a la fecha aún no pagados, ni otros conceptos pecuniarios acordados en los respectivos contratos de arrendamiento inmobiliario.

En el 2 se suspende la aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Por el mismo periodo de seis meses, y al mismo tiempo se suspende la aplicación de la causal de desalojo.

Según el artículo 3 las partes podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos. En consecuencia, podrían fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan. “En ningún caso, podrá obligarse al arrendatario o arrendataria a pagar el monto íntegro de los cánones y demás conceptos acumulados de manera inmediata al término del plazo de suspensión”.

Privados desaprueban la medida

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela considera que la medida debió ser consultada con la finalidad de buscar alternativas favorables entre arrendatarios y arrendadores.

El presidente del organismo, Francisco López, dijo a la prensa que “lo que pretende el presidente solo beneficia a una parte de la población, pero a la otra parte solo la perjudica”.

Y destacó que ha recibido llamadas tanto de inquilinos y como de arrendadores, quienes han señalado que lo mejor es mediar entre las partes.

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