Las medidas que el gobierno de Nicolás Maduro ha anunciado para hacer frente a la pandemia en Venezuela en materia económica “no harán más que informalizar aún más la economía nacional y las relaciones de trabajo, desprotegiendo los derechos laborales que, en principio, se buscan salvaguardar”, asegura el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

En un comunicado el gremio de los comerciantes señala además que las acciones también desmejorarán la calidad de los ya maltrechos servicios públicos venezolanos y desincentivarán la existencia de arrendamientos, contratos éstos de vital importancia para la actividad económica nacional.

El gremio de empresarios señala que “así como es necesario brindar estímulo, asidero y seguridad al trabajador, al obrero y al pequeño emprendedor que hoy puede sentir en jaque su futuro, no puede obviarse el hecho de que la dinámica económica requiere de forma imperativa la existencia de la empresa e industria privada, y de forma particular para nuestra organización, la existencia del comercio”.

Consecomercio estima que la suspensión de pagos de capital e intereses de créditos comerciales profundizará las restricciones de liquidez en la banca nacional, mermando aún más su capacidad de realizar su actividad más importante: la intermediación financiera. Si bien en cierto que, en el corto plazo, esta medida pudiera significar un alivio para el flujo de caja de algunas empresas, a mediano plazo se traducirá en una mayor restricción en la disponibilidad de créditos para las mismas.

Urge operación Estado y privados

El gremio del comercio sostiene que “como quiera que el país y el mundo en general se encuentra atravesando una difícil coyuntura, cuyo desenlace nadie conoce con certeza, las autoridades venezolanas deben unir esfuerzos con el sector privado, de forma tal que éste se convierta en un aliado para y mitigar y paliar las circunstancias que estamos atravesando”.

Al mismo tiempo, señalan que la experiencia mundial sugiere que el sector privado puede convertirse en un pivote para optimizar el manejo de la crisis. Lejos de ser un factor de obstrucción, un obstáculo, la empresa privada, y el comercio en especial, pueden servir de intermediarios entre las demandas ciudadanas y la provisión de bienes y servicios que se requieran, todo ello guiado por el principio de cooperación voluntaria para lograr el beneficio de la gente. Ningún industrial, empresario o comerciante se beneficiará en la parálisis, como tampoco lo hará en un ambiente en el que impere la incertidumbre y la persecución, aunada al desconocimiento de la racionalidad económica.

En tal sentido, llaman, por un lado, a las fuerzas políticas para que logren consensos institucionales que permitan la viabilidad de la nación y, al mismo, tiempo, que las políticas y medidas esgrimidas no se desarrollen con un enfoque unilateral y dogmático.

Los comerciantes sostienen, finalmente, que la economía comprende a todos, y en tal sentido, negar incentivos de diversa índole (fiscales, laborales, productivos) a las empresas, comercios e industrias de los diversos sectores de la economía, lamentablemente destruye valor para el país y complica aún más el ya complejo panorama que Venezuela tendrá que atravesar en los meses venideros.

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