La cuarentena implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro para hacer frente a la pandemia del Coronavirus ya está evidenciando una serie de violaciones a los derechos humanos de muchos venezolanos.

El aviso imprevisto de la cuarentena en todo el país generó caos y problemas.

Personas varadas en terminales. Apresados por no usar tapabocas. Cierre de vías que impiden a cientos de ciudadanos hacerse de alimentos y medicinas. Obstrucciones para la movilidad que afectan a mayores, cuyos familiares los abastecen de alimentos y medicinas; además de enfermos sometidos a no recibir sus tratamientos, como diálisis y quimioterapias. Todas ellas conforman solo algunas de las dificultades que se están reportando desde el inicio de la cuarentena.

El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, comentó a Sumarium que aunque las medidas intentan frenar la propagación del Coronavirus, muchas de ellas válidas y necesarias, no es menos cierto que un importante número de ciudadanos está haciendo frente a la necesidad de trabajo, alimentos y movilidad.

El investigador social suma a este cuadro el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado y la falta de criterio de funcionarios, que da visos, más que de una cuarentena, de un estado de sitio.

Alvarado critica que el gobierno le haya entregado protagonismo a los militares en temas sanitarios. Se han adueñado, dice, de espacios que solo corresponden a civiles.

Entretanto, en sus radios de acción arremeten contra personas haciendo uso irracional de sus poderes. “Incluso convivimos con militares matraqueros, que cobran en dólares a los conductores para permitirles el paso”, denunció.

La seguridad alimentaria es lo básico

Para Provea el mayor y más peligroso riesgo es el alimentario y nutricional, y en segundo lugar, la necesidad que tienen muchos venezolanos de retomar los trabajos independientes e informales que dan sustento a casi un 80% de la población, según datos del Encovi.

“La Cuarentena social y colectiva, cierre de vías y accesos por parte de la Guardia Nacional, cese laboral y de establecimientos comerciales, más el llamado de “quedarse en casa” de Maduro, han derivado en problemas para las personas que dependen de sus trabajos, de su día a día para poder “alimentarse” y enfrentar la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela”, detalla Provea en un documento publicado en su portal.

A ese cuadro, destaca Alvarado, se suman los riesgos de contagio por la poca disponibilidad de servicios básicos como el acceso al agua potable, la electricidad, los medicamentos, y un enorme etcétera.

Provea estima que mientras el Estado venezolano no tome las medidas necesarias y urgentes que garanticen la seguridad alimentaria a los 9,3 millones de venezolanos ya en rango de inseguridad, será imposible enfrentar el coronavirus sin acabar con miles de ciudadanos con problemas nutricionales, niños con fallas de talla y una población desprotegida que requiere atención y ayuda urgente.

Cuerpos de seguridad y desproporción

Verónica Cañas es habitante del Parque Caiza. Cuenta a Sumarium que más de 7.000 familias que hacen vida en la zona están sometidas a “confinamiento”.

Denunció que los militares en los puntos de control, en especial el que da acceso a Caracas, impidieron el paso a cientos de choferes particulares que intentaban hacerse de medicinas y alimentos, para enfrentar la cuarentena decretada por el gobierno.

Parque Caiza, es una zona urbana, perteneciente al estado Miranda que formó parte de las decenas de urbanismos que prometieron grandes centros comerciales, servicios básicos y un Metro de primer mundo. Pero la realidad es todo lo contrario, por lo que es imperioso para ellos acceder a Caracas, “es lo más cerca que tenemos”, dice Cañas.

Para Verónica Cañas resulta increíble que el propio Gobierno se contradiga. “Padrino López indicó que los cierres serían entre estados. Pues bien, nosotros estamos en el municipio Sucre, que es parte del estado Miranda. Entonces me impides la movilidad en mi propio estado”, alegó.

Pero la crisis de movilidad que tiene angustiados a los habitantes del lugar se suma a la falta de agua. Cañas asegura que hay zonas que tienen hasta un mes sin agua, y los habitantes del lugar deben buscarla. “Cómo hacemos frente al Coronavirus sin agua y aislados”, se preguntó.

En la misma situación se encuentran, además de Parque Caiza, las Urbanizaciones Miravila y Turumo, que en conjunto exigen respuestas y soluciones.

También desde temprano, lunes y martes las redes sociales mostraron a cuerpos de seguridad del Estado apresar a ciudadanos que circulaban sin tapabocas en diferentes partes del país.

La ciudadanía alega que no hay disponibilidad de los tapabocas en establecimientos comerciales. Sin embargo, el nacimiento de un descontrolado mercado negro los ofrece en dólares impagables, al igual que las soluciones desinfectantes. Precios, sin duda, alejados de la realidad de muchos transeúntes.

Asimismo, el racionamiento de gasolina en el interior de país, se torno aún más severo. Ahora está solo disponible para los vehículos oficiales y militares.

Un agricultor de la zona de Portuguesa, con conocimiento del tema, aseguró a Sumarium que la escasez de gasolina en los estados fronterizos y llaneros, es ya estructural.

Dice, además, que el consumo discrecional de gasolina, por parte de los cuerpos de seguridad del estado y entes oficiales, tiene también su buen tiempo. “Solo que ahora la violación a nuestro derecho es simplemente total”, alegó el empresario del campo.

Maduro debe evaluar las medidas

Maduro tendrá que evaluar el avance de las medidas. Deberá considerar que la cuarentena podría extenderse y no podrá someter al país a más hambre.

La gente tendrá que salir en busca de trabajo y comida, a menos que el Gobierno asuma la entrega de bonos a los más vulnerables y empadronar a otros que también podrían requerirlos.

Por Erika Hidalgo López

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