Un jurado neoyorquino declaró el lunes culpable a un empresario iraní de evadir sanciones económicas estadounidenses impuestas contra Irán al mover más de 115 millones de dólares pagados por Venezuela a través de bancos estadounidenses.

Durante un juicio de dos semanas, fiscales del distrito sur de Nueva York acusaron a Ali Sadr Hashemi Nejad de crear una complicada red de empresas fachada y usar cuentas bancarias extranjeras para enmascarar sus negocios en Venezuela con empresarios iraníes.

El dinero iba a ser usado para construir un complejo de vivienda pública en Venezuela, pero fue transferido de forma ilegal por el sistema financiero estadounidense en beneficio de individuos y entidades iraníes, aseguraron los fiscales.

El jurado declaró a Sadr culpable de cinco cargos, incluido el de la violación de las sanciones, e inocente de uno de lavado de dinero. La juez Alison Nathan declaró que de momento Sadr se mantendría en arresto domiciliario y que fijará una fecha para la sentencia.

Estados Unidos considera a Irán una amenaza y por ese motivo impuso hace años un embargo que prohíbe transacciones financieras en Estados Unidos que beneficien económicamente a ciudadanos iraníes.

La acusación formal contra el iraní menciona cómo en agosto de 2004 Irán y Venezuela firmaron un acuerdo para cooperar en áreas de interés común. Un año después el gobierno de Hugo Chávez y el de Irán acordaron trabajar juntos para la construcción del proyecto de viviendas.

Sadr controlaba junto a su familia el Stratus Group, un conglomerado que se dedicaba al sector de la construcción, el petróleo y la banca.

Según la acusación estadounidense, en diciembre de 2006 una empresa creada por el Stratus Group negoció con Venezuela la construcción del proyecto de viviendas a cambio de 475 millones de dólares. Sin embargo, a través de los años, mientras Sadr transfería dinero venezolano por el sistema bancario estadounidense, maquinaba formas de esconder el papel de Irán en las transacciones, aseguran los fiscales estadounidenses.

Los fiscales aseguran que las transferencias financieras fueron hechas entre abril del 2011 y noviembre del 2013.

El supuesto complejo de viviendas iba a ser construido en Ciudad Ojeda, en el estado de Zulia, al noroeste de Venezuela. AP

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