Una firma legal estadounidense que fue contratada por 12,5 millones de dólares por un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió deshacerse del controversial cliente venezolano después que fue acusada de trabajar para un “dictador” socialista, según se enteró The Associated Press.

Foley & Lardner acordó representar al procurador general de Maduro, Reinaldo Muñoz, reportó el lunes la AP. Documentos presentados ante el Departamento de Justicia muestran que Foley & Lardner, que tiene oficinas en Washington, a su vez pagó 2 millones de dólares para contratar al influyente cabildero Robert Stryk para ayudar a su cliente a aliviar las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro y entablar conversaciones directas con el gobierno del presidente Donald Trump.

El senador republicano Rick Scott de inmediato criticó el trato. En una carta dirigida a la firma dijo que exhortaría a sus colegas del Senado a seguir su ejemplo y boicotear a la firma hasta que corte lazos con el “peligroso dictador”.

Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron el jueves que Foley se retiraría del caso. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el asunto.

El director de Comunicaciones de Foley, Dan Farrell, se negó a comentar.

“Espero que estos últimos días sirvan como lección para cualesquiera otras firmas de cabildeo, consultores u organizaciones, de que, si apoyas a Maduro y su pandilla de rufianes, no me quedaré callado”, dijo Scott en un comunicado enviado por correo electrónico a AP.

Un funcionario de alto rango venezolano señaló que el revés no desalentaría al régimen de Maduro de buscar un diálogo honesto con el gobierno de Trump. El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el tema públicamente.

La contratación efectuada por el gobierno de Maduro se llevó a cabo justo cuando el apoyo de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington y otros 60 países reconocen como el presidente legítimo de Venezuela, está bajo ataque.

Un año después de la campaña para destituir a Maduro, el mandatario venezolano ha superado exitosamente un intento de golpe de Estado, protestas masivas y rigurosas sanciones de la Casa Blanca que le han cortado a su gobierno el acceso a bancos occidentales.

Randy Brinson, activista conservador de Alabama que hizo equipo con un pastor evangélico venezolano para entregar ayuda humanitaria al país sudamericano, dijo que los venezolanos comunes sufrirían las consecuencias de una falta de diálogo con Maduro.

“Es lamentable que el contacto se haya convertido en algo tan politizado”, comentó Brinson.

Agregó que se reunió con Muñoz en dos ocasiones recientemente y que lo considera como un aliado “invaluable” en las labores para llevar ayuda humanitaria que fueron mediadas entre el gobierno de Maduro y el pastor Javier Bertucci, un excandidato presidencial.

Stryk, un vinicultor y exasesor republicano que perdió una elección para alcalde en Yountville, California, es uno de los cabilderos más importantes en Washington en la era de Trump.

Fue asesor voluntario en la campaña del mandatario en la costa occidental de Estados Unidos. Su firma, el Sonoran Policy Group, no realizó labores de cabildeo de 2013 a 2016, pero desde principios de 2017 le ha cobrado más de 10,5 millones de dólares a clientes extranjeros.

Al igual que Venezuela, muchos de los clientes tienen mala reputación en Washington o enfrentan sanciones estadounidenses. Ejemplos de ello son los gobiernos de Somalia, de la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudí, que firmó un contrato por 5,4 millones de dólares en mayo de 2017.

El contrato de Muñoz con Foley, por una tarifa única de 12,5 millones de dólares, se extiende hasta el 10 de mayo. A Stryk le corresponden 2 millones de dólares en el acuerdo en pago a su asesoría.

En los documentos que presentó, Foley dijo que recibió un poco más de 3 millones de dólares en pagos iniciales a nombre de Muñoz provenientes de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong. Su trabajo también incluye conversaciones con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias relacionadas con las sanciones contra el gobierno de Maduro. AP

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