Una coalición venezolana urgió este miércoles al presidente de EE.UU., Donald Trump, detener las deportaciones de venezolanos a terceros países, donde son “coaccionados” a devolverse a Venezuela, y las detenciones prolongadas que sufren estos inmigrantes que buscan asilo.

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) denunció en una rueda de prensa en Miami que este año por lo menos 300 venezolanos deportados a terceros países han sido obligados en su llegada a los aeropuertos a comprar pasajes de regreso a Venezuela.

Esta coalición de unas treinta organizaciones a favor de los derechos humanos advirtió de esta nueva forma de deportación, en la que, una vez denegado el asilo, EE.UU. envía a los venezolanos al último puerto desde el que se embarcaron para llegar al país.

“Estamos al frente ante un nuevo ‘modus operandi’

en el proceso de inmigración en el que los agentes de aerolínea están cumpliendo funciones de inmigración”, criticó Helene Villalonga, presidenta de Amavex.

La activista lamentó que no se está protegiendo a “todas aquellas personas que han huido del país por motivos políticos”.

Amavex denunció que los venezolanos sufren una “revictimización” tras huir de Venezuela y al ser deportados a terceras naciones, como es el caso de Clemente Gutiérrez, de 41 años, quien en su país fue víctima de violencia por parte de la policía.

Según su abogado, Felipe Montoya, Gutiérrez llegó el pasado mayo a Miami desde Colombia, y después de más de cinco meses de detención fue deportado el pasado jueves a Bogotá, donde una aerolínea lo “coaccionó” para comprar un pasaje a Venezuela sin que las autoridades migratorias colombianas conocieran de su situación.

Gutiérrez sin embargo consiguió entrar a Colombia con un permiso temporal de noventa días, durante los cuáles tendrá que normalizar su situación.

Amavex instó este miércoles al Gobierno de Trump que abra una comisión de derechos humanos para que determine “si existe coacción en los puertos de embarque”, y ha pedido al opositor Juan Guaidó, líder del Parlamento y reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, que declare “la crisis migratoria en Estados Unidos”.

“Haciendo uso de la primera enmienda pedimos la aplicación y aprobación de una acción diferida que pare y proteja a los venezolanos que se encuentran con órdenes de deportación”, manifestó.

De igual forma, la coalición denunció las detenciones prolongadas.

“Nos hacemos eco de miles de venezolanos que nos escriben a diario para denunciar los abusos que sufren muchos de sus familiares, los cuales en ocasiones pueden pasar hasta más de un año privados de su libertad”, manifestó Villalonga. EFE

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