Una sala de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dejado en firme este lunes el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, tras rechazar el recurso de la defensa.

El tribunal ya resaltó en febrero que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia era competente para llevar adelante el proceso y validó la legalidad de las pruebas obtenidas, según ha recogido la emisora local Caracol Radio.

Asimismo, ha decidido no investigar al exsenador Iván Cepeda por convocar un debate de control político contra Uribe por sus presuntos lazos con paramilitares, tal y como ha informado la emisora LaFM.

La Corte Suprema de Justicia cerró una investigación contra Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático a quien Uribe había denunciado por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, y ordenó en cambio investigar por los mismos hechos al exmandatario.

Los detalles de las supuestas maniobras de Uribe, quien gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010, quedaron registrados en grabaciones de llamadas telefónicas entre el expresidente y personas cercanas, interceptadas por orden del tribunal.

La Corte Suprema sostiene que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se presente un informe sobre una investigación contra Uribe por sus supuestas omisiones para impedir una masacre cometida por paramilitares en 1996, cuando era como gobernador del departamento de Antioquia, y que no avanza desde el 2014.

Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estos grupos paramilitares están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.

Europa Press.

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