El departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este jueves que sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela, tras la muerte por presuntas torturas del militar Rafael Acosta, detenido en ese centro acusado de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro.

“El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar la medida.

La sanción implica el bloqueo de todos los bienes y activos que la DGCIM tenga directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Mnuchin reiteró que “el Departamento del Tesoro está comprometido con poner fin al trato inhumano que el antiguo régimen de (Nicolás) Maduro da a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros del Ejército, en un esfuerzo por suprimir la disidencia”.

El Gobierno del presidente Donald Trump suele referirse al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, como “expresidente” y, además, denomina a su Ejecutivo “antiguo régimen” porque considera que el jefe de Estado legítimo de Venezuela es el líder opositor Juan Guaidó, que ha sido reconocido como tal por 54 naciones.

Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad en la muerte de Acosta.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro consideró hoy que esos dos arrestos son insuficientes y consideró que el fallecimiento de Acosta Arévalo en circunstancias poco claras es “solo la muestra más reciente de brutalidad llevada a cabo por una agencia notoria por sus métodos violentos”.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció recientemente que los servicios de inteligencia de Venezuela -la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- han sido responsables de “detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares”.

Esas acusaciones fueron recogidas en el informe que Bachelet presentó el 4 de julio tras visitar Venezuela en junio y en el que denunciaba graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Después de que se confirmó la muerte del militar venezolano, el Gobierno de EE.UU. responsabilizó del suceso a Maduro y sus “asesores cubanos”.

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