El exembajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, señaló que “el prontuario de violación de Derechos Humanos de Nicolás Maduro se ensancha día a día“.

Asimismo, precisó que “la tortura en Venezuela es una política de Estado impuesta por Maduro para perpetuarse en el poder, y es secundado por el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial”.

Sostuvo que el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, “muerto en custodia por funcionarios del DGCIM, este 28 de junio, tras ser brutalmente torturado, se suma a la extraña muerte del concejal Fernando Albán, quien estando preso en la Sede del Sebin, cayó de un piso 10, en octubre de 2018″.

“Es claro que la Fiscalía carece de la más absoluta credibilidad en el país y en el resto del mundo para realizar una investigación imparcial. Por tanto, urge que se abran las puertas a una investigación dirigida por una comisión internacional seria e imparcial”, agregó.

Manifestó que los chavistas repudian “la nueva arremetida represiva que dejó ciego a un adolescente que protestaba por falta de gas doméstico en el Táchira. Este hecho y el asesinato del capitán deben ser investigados hasta las últimas consecuencias“.

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