Un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en Argentina, desprendió que unas 15 empresas de ese país se vieron involucradas en facturaciones con sobreprecios en ventas a Venezuela entre los años 2012 y 2016, en acuerdos binacionales por más de 20 mil millones de dólares.

Las empresas señaladas de incurrir en el fraude son en su mayoría dedicadas a la producción de insumos alimenticios, como lácteos y pollos.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Nación, el organismo auditor comparó las facturas pagadas por Venezuela con los precios de exportación que utilizaron las empresas argentinas, detectando sobreprecios de hasta el 90% en algunos de los productos.

Entre las firmas que registró mayor sobreprecio se encuentra Sancor, que facturó un total de 403 millones de dólares por la venta de leche en polvo, con una suba del 23% y ganancia por 95 millones de dólares.

En respuesta a una consulta realizada por el portal argentina, la empresa de lácteos afirmó que sus operaciones con Venezuela contaron con la verificación de distintas autoridades.

“Todas las operaciones comerciales de Sancor con Venezuela fueron controladas por la AFIP, el Banco Central y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Las operaciones fueron transparentes en todo momento y pueden verificarse en las cuentas públicas”, aseguran.

Entre otras, figuran empresas como Bioart (maíz, leche en polvo, arroz y aceite), Paramérica SA (legumbres y maíz), Granja Tres Arroyos, Las Camelias, Soychu y Rasic Hnos (pollo congelado).

“Ese era el precio de mercado para Venezuela. Los proveedores de otros países le vendían también a un precio parecido. El problema era que el flete y la logística eran muy dificultosos. Era un precio razonable para el producto que le vendíamos”, se excusó por su parte un portavoz de Granja Tres Arroyos, para explicar la diferencia de costos en el caso del país caribeño.

En total, la Sigen estima podrían encontrarse ante un posible soborno trasnacional, que incluye la adquisición irregular de unos 235 millones de dólares.

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