El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha promulgado este miércoles un nuevo decreto ejecutivo para corregir el anterior sobre su política de armas para prohibirlas para “ciudadanos comunes” después de las críticas recibidas del Congreso y los tribunales.

Bolsonaro puso en marcha su política de “armas para todos” el pasado 15 de enero, apenas dos semanas después de llegar al Palacio de Planalto, con un decreto ejecutivo que facilitaba su compra, registro y tenencia, cumpliendo así una de sus principales promesas electorales.

El 7 de mayo, dio un paso más con otro decreto ejecutivo que flexibiliza las normas para la posesión, el porte y la comercialización para tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas de modo que puedan transitar con el arma cargada y puedan comprar hasta mil cartuchos anuales.

La Procuraduría General ha cuestionado la constitucionalidad del último decreto por considerar que Bolsonaro no puede modificar con una orden ejecutiva medidas reguladas por ley, apelando también a la necesidad de que haya “una discusión pública”. El Congreso y más de una decena de gobernadores tan criticado igualmente el decreto.

Así las cosas, el Gobierno ha difundido este miércoles un nuevo decreto para enmendar el del 7 de mayo, reconociendo que lo hace “a partir de los cuestionamientos realizados por parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de la sociedad en general”.

El mayor cambio es que prohíbe la tenencia de fusiles, carabinas y escopetas por parte de “ciudadanos comunes”, que anteriormente había justificado por la necesidad de “autodefensa”. No obstante, las mantiene para los “pobladores rurales” que se encuentren “en justa posesión” de la tierra para defenderla de ocupaciones.

La política de armas de Bolsonaro ha suscitado un gran polémica en un país que en 2017 batió récord de homicidios, con una media de siete por hora. De acuerdo con un sondeo de Datafolha citado por ‘O Globo’, seis de cada diez brasileños creen que las armas de fuego deberían prohibirse.

Europa Press.

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