Fueron varias las reuniones previas entre los altos funcionarios para desalojar a Nicolás Maduro del poder. Una semana antes del 30 de abril, hubo una reunión entre Maikel Moreno, presidente del TSJ, en su oficina, con tres hombres más donde abordaron el plan. Ese día bebieron agua embotellada de Fiji mientras articulaban el derrocamiento de Maduro.

Esa vez, el exdirector del Sebin, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, y César Omaña, un hombre de negocios venezolano de 39 años, intentaron sellar un acuerdo roto durante semanas con Moreno. Allí se expuso la necesidad de que el presidente del TSJ, quien estaba sentado frente a un cenicero cargado con las colillas de cigarros cubanos, diera inicio a las acciones contra Maduro con una sentencia donde reconocería la AN, a Guaidó como presidente encargado, exhortaría a la Fanb a reconocer a Guaidó y declararía la ilegitimidad de la Constituyente. Pero Moreno tenía dudas y le preocupaba que Guaidó se convirtiera en el presidente interino de la nación si la conspiración tenía éxito.

“¿Por qué Guaidó? ¿Por qué él?”, preguntó Moreno, según el participante. Fue así como Moreno se autopostuló a liderar “temporalmente” al país. “Al final, estaba tratando de salvaguardar su propio juego de poder”, dijo una de las principales figuras de la oposición al Washington Post.

El 23 de abril, Moreno, que tenía comunicación con un contacto de los Estados Unidos y con figuras de la oposición que viven en el exilio, se quejó de que si el plan fallaba, podría verse obligado a abandonar el país para ir a USA y “terminar con las maletas de mi esposa en Walmart”.

Después, Figuera, Omaña y Moreno se reunieron alrededor de las 11 pm el 23 de abril en la mansión del magistrado en el Alto Hatillo de Caracas, equipado con una enorme bodega, donde siguieron discutiendo los pasos a seguir. Para el 29 de abril en la noche se esperaba una decisión del TSJ que, según un borrador revisado por The Washington Post, el TSJ efectivamente retiraría el reconocimiento legal de la ANC y que el estado de los presos políticos sería “revisado”. Consecutivamente se cumpliría con lo pactado.

“La magnitud del daño social causado a la sociedad venezolana, dada la violación de (las garantías democráticas) y los principios constitucionales, es inconmensurable”,
refería el borrador nunca emitido.

A cambio de todo este movimiento, los jueces del TSJ, incluido Moreno, mantendrían sus puestos. Por ello, la operación no pretendía ser un “golpe de Estado” sino una cadena de declaraciones oficiales con una secuencia muy estricta que obligaba a Maduro a renunciar sin que se disparara una sola bala.

El fallo era “esencial, porque daba a los militares una razón para dar un paso adelante de manera honorable”, dijo una persona presente en la reunión. “Lo hizo para que sus acciones fueran legales y no fueran consideradas un golpe de Estado”, añadió.

El 28 de abril, en otra reunión, Moreno exigió a Figuera una promesa de fuerzas de seguridad para proteger a él y a su familia después de que se emitiera el fallo. Pero nada de esto pasó.

Sin embargo, aunque el plan sería para el 1 de mayo, tuvo que ser adelantada al 30 de abril cuando Figuera envió un mensaje de texto a la 1 am del diciendo que se había enterado de que estaba a punto de ser reemplazado como jefe de Sebin y que Leopoldo López estaba a punto de ser trasladado a Ramo Verde. Asimismo, a los opositores se les dijo que el Gobierno estaba preparando una acción no especificada contra Guaidó y otros líderes de la oposición.

“El mensaje fue: tuvimos que actuar”, declaró un líder opositor.

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