El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una investigación contra altos funcionarios chavistas del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano, así como a colaboradores de todos ellos que residen en la península ibérica y que habrían facilitado las vías para devolver los fondos de PDVSA al curso legal a través de diferentes inversiones inmobiliarias y de todo tipo.

Según El Confidencial, el juez rastrea más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal PDVSA con empresas de la trama. Parte de ellas estarían vinculadas a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estos convenios, muchos de ellos obtenidos tras un soborno previo, habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantiles, explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa. Asimismo, Jorge Rodríguez, hoy vicepresidente de Comunicación también está siendo investigado en la causa que dirige el Juzgado 41.

El procedimiento comenzó en España después de que a lo largo de la investigación realizada en otra causa abierta por un juzgado de Houston, las autoridades norteamericanas descubrieran que la trama contaba con una derivada en Europa. En concreto, la justicia vinculó la organización con mercantiles en Portugal. La colaboración internacional permitió posteriormente descubrir que los fondos derivados a este último país pasaban luego a Andorra y de ahí a España.

En ese sentido, a petición de las autoridades lusas en 2017, la Audiencia Nacional coordinó una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de PDVSA a actividades en España con el fin de ser blanqueados. Sin embargo, la red era de tal magnitud que era necesario iniciar una nueva causa coordinada por un juzgado español para investigar la derivada de la trama. Los investigadores estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que los venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.

El juez ya ha tomado declaración a varios investigados, como Luis Carlos de León -exresponsable financiero de Electricidad de Caracas, o Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y una persona cercana a los ministros Rodríguez. Ambos fueron detenidos hace más de un año en España en relación con la trama que dirige el juzgado de Houston, dado que se encuentran también en el centro de esa causa, que sigue procedimiento contra otras personas igualmente imputadas en España, como Rafael Reiter -exjefe de seguridad de PDVSA- o Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández, entre otros.

De acuerdo a lo reseñado por el diario español, el Gobierno de Maduro está preocupado por la causa y por eso tiene la intención de personarse en la misma a través de un bufete de abogados francés con el que ya ha entrado en contacto.

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