Este viernes Venezuela cumple seis años bajo el mandato de Nicolás Maduro, sucesor del fallecido ex presidente Hugo Chávez.

Durante ese período de tiempo, la nación se ha visto sometida a un debacle general en su economía con niveles hiperinflacionarios récord en el país, desabastecimiento, disminución en el poder adquisitivo de los ciudadanos, inestabilidad en los servicios básicos y uno de los flujos migratorios más altos en la historia de la nación, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) estima en más tres millones de emigrantes.

La oposición al Gobierno de Maduro denuncia que la mala gestión del Ejecutivo es el causante de la crisis que vive el país. En este sentido, han sido múltiples los intentos en la búsqueda de un cambio político. Este año, el sector antichavista representado por la Asamblea Nacional optó por aplicar el artículo 233 de la Constitución, que otorga al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, los poderes de un Gobierno de transición y convocar nuevas elecciones.

Estas medidas que han tenido un fuerte respaldo internacional han sumido el ambiente político de la nación en una compleja disyuntiva sobre la representación de algún sector u otro en las instituciones.

“Mientras que Maduro y el líder de la oposición, Juan Guaidó, afirman ser presidente, Maduro todavía tiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”, resume la periodista Patricia Laya para Bloomberg News.

Para lograr el cese del Gobierno de Maduro, Guaidó ha instado a las fuerzas militares a desertar y les ofrece amnistía. Sin embargo, hasta ahora ningún alto funcionario activo ha roto filas.

Desde que Guaidó asumiera la presidencia interina, Estados Unidos ha profundizado las sanciones contra la petrolera estatal Pdvsa, lo que ha dificultado para Venezuela la exportación del crudo.

Nicolás Maduro aun cuenta con el respaldo de grandes potencias como Rusia y China. Por su parte, Guaidó ha sido respaldado por unos 52 países, incluida la Unión Europea.

La ayuda humanitaria que desde hace meses ha solicitado la oposición y hasta hace poco era rechazada por el Gobierno socialista, finalmente ha ingresado al país, con la participación de la Cruz Roja Internacional.

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