El informe anual enviado por el Departamento de Estado norteamericano al Congreso sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR), acusó a los Gobiernos de Venezuela y Bolivia de “no haber cumplido con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico”.

El documento, referente a los datos del 2018, analiza los esfuerzos y compromisos de los gobiernos de todo el mundo para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, sin embargo, ambas naciones mencionadas serían una de las “permisivas y corruptas” para el tráfico de drogas.

“Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas ilegales, predominantemente cocaína, desde América del Sur hasta la región del Caribe, América Central, Estados Unidos, África Occidental y Europa”, aseveró el informe.

Asimismo, enfatizó de forma alarmante el “débil” sistema judicial con el que cuenta el país bajo el liderazgo del Gobierno de Nicolás Maduro.

“La corrupción pública, incluso entre los altos funcionarios del gobierno, es un problema importante en Venezuela, lo que facilita que las organizaciones de tráfico de drogas puedan contrabandear drogas ilegales”, alertó el texto, según lo reseñado por Infobae.

En el extenso documento se reflejan datos que van desde las sanciones que vivió el entonces vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por su “participación en actividades vinculadas con el narcotráfico internacional”, así como el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Efrían Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes fueron condenados por un tribunal en Nueva York por conspirar para traficar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.

“El gobierno venezolano aún debe tomar medidas contra estos u otros funcionarios gubernamentales y militares con vínculos conocidos con las FARC o los cárteles mexicanos de la droga”, agregó el informe.

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