El director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, comentó que la posible visita a Venezuela de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dependerá de dos aspectos: la autorización del presidente de la nación, Nicolás Maduro, y el informe de la Comisión Técnica que estuvo en el país durante dos semanas.

En entrevista para el portal de noticias español, ABC, Ponce detalló que en primer lugar será esta la Comisión encargada de evaluar si Bachelet “puede ir al país y hacer un trabajo independiente”.

“También depende de Maduro de si la deja entrar después de la lectura del informe”, que será en junio.

El encargado del organismo a su vez ofreció un balance de las últimas protestas realizadas en el país por los distintos problemas económicos, laborales y servicios básicos.

“El año 2018 fue muy consistente: 12.700 protestas de las cuales el 90% fueron por derechos económicos, sociales y ambientales (agua potable, derechos laborales, medicinas, alimentos). Más del 50% de las protestas fue laboral y, seguidamente, por los servicios básicos que son agua potable, gas doméstico y electricidad”, dijo a ABC. “Con estos datos, se pone en evidencia la emergencia humanitaria que vive Venezuela”, acotó.

Ante las exigencias de los venezolanos, Ponce explicó que la respuesta del Estado ha sido la violencia. En este sentido, aseveró que durante el 2018 las manifestaciones dejaron como resultado 14 venezolanos asesinados.

Asimismo, señaló que durante el 2019 las protestas de calle no han ido en disminución. Más aún, se han sumado concentraciones de índole político, desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera la presidencia interina.

“Con la alzada de los militares en Cotiza el pasado mes de enero, comenzó una inmensa protesta popular exigiendo la renuncia de Maduro. La gente en los sectores populares están asistiendo a las convocatorias de Juan Guaidó”, destacó.

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