El gobierno de Nicaragua anunció el miércoles que excarcelará en un plazo de 90 días a todos los detenidos en el marco de las protestas que comenzaron en abril del año pasado, pero a cambio aspira a que se levanten las sanciones internacionales contra el presidente Daniel Ortega.

Así consta en un comunicado leído por el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag, en compañía del canciller Denis Moncada, y de un representante de la organización ciudadana Alianza Cívica, Max Jerez, con el que se daban por reanudadas las negociaciones entre el gobierno y la oposición tras un impasse de varios días.

“La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del gobierno (…) en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”, se indica en el texto, en el que se reconoce el acompañamiento no sólo del nuncio sino también de Luis Rosadilla, delegado especial del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, para lograr este consenso.

Según los últimos datos de la oposición hay 640 detenidos considerados “presos políticos”, y su excarcelación ha sido una de las exigencias esenciales desde que comenzó esta nueva fase de diálogo el 27 de febrero, una etapa que ha tenido varias interrupciones.
El gobierno y la oposición acordaron también invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja para que acompañe el proceso de liberación de los encarcelados y a la OEA para retomar el trabajo en el tema de las reformas electorales.

A partir del jueves, la mesa comenzará a trabajar con una agenda que, entre otros puntos, establece que el tema los presos y los asuntos de democracia y reformas electorales se desarrollarán de forma inmediata y simultánea, aunque no menciona si eso incluirá la demanda opositora de anticipar los comicios presidenciales de 2021.

Pedirán el levantamiento de sanciones para el “desarrollo humano”

La hoja de ruta también plantea fortalecer los derechos y las garantías ciudadanas, abordar mecanismos para la implementación de los acuerdos y debatir los temas de verdad, justicia y no repetición.

Como último punto señala que, una vez logrados los acuerdos, la mesa gestionará el apoyo internacional necesario para implementarlos y que “en su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua”.

En los últimos meses, Estados Unidos aprobó una serie de sanciones contra altos funcionarios del gobierno de Ortega acusados de violar los derechos humanos y de cometer presuntos actos de corrupción. El Parlamento Europeo también ha pedido aplicar penalizaciones similares contra funcionarios nicaragüenses, los cuales podrían ser aprobados a fin de mes.

En una rueda de prensa, el político opositor y empresario José Pallais dijo que la Alianza Cívica espera que la excarcelación de los presos comience “a la brevedad posible”, aunque seguirá un calendario coordinado por la OEA.

Sobre las demandas de castigo para autoridades señaladas como responsables de numerosos crímenes _la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de, al menos, 325 muertos y más de 2.000 heridos_, Pallais no ofreció detalles pero dijo que la agenda contempla el tema porque “no queremos justicia para unos e impunidad para otros”.

Por su parte, el empresario José Adán Aguerri confirmó que 162 personas fueron excarceladas y puestas bajo arresto domiciliario de manera unilateral por el gobierno, desde el pasado 27 de febrero.

En un informe actualizado el miércoles, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos informó que de abril pasado a la fecha fueron detenidas en el país 802 personas, incluyendo las 162 antes mencionadas.

AP

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