Juan Guaidó anunció que este lunes solicitará a la Asamblea Nacional que decrete el estado de emergencia para “atender de inmediato” la parálisis que afecta al país después de cuatro días sin electricidad.

Guaidó sustenta su anuncio en la Constitución venezolana, que contempla la declaración de emergencia en aquellos supuestos en los que se den “circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente a la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos”. Una situación de excepción que podría durar 30 días prorrogables sucesivamente.

Según publica El Confidencial, y de acuerdo con el artículo 337, el punto conflictivo de la declaración de emergencia es aquel que indica que “corresponde al presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros” iniciar el trámite para la aprobación de un estado de emergencia.

En la situación actual que vive Venezuela, con dos presidentes que se consideran a sí mismos legítimos y que cuentan, cada uno de ellos, con apoyos internos y externos variados, este trámite podría terminar otra vez en un callejón sin salida o tensar aún más las posiciones en esta batalla por el poder.

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