Madrid, España | AFP – Gracias a una particularidad del sistema penal español, el partido de extrema derecha Vox podrá fungir de acusador en el juicio a los independentistas catalanes, una situación incómoda para el gobierno español y rechazada de plano por los acusados.

En el Tribunal Supremo que juzgará a los doce exdirigentes independentistas, el abogado Javier Ortega Smith se sentará al lado del fiscal y del abogado del Estado, con potestad de interrogar a procesados y testigos.

Este abogado es el secretario general del partido Vox, que carga contra “los enemigos de la Nación” en actos electorales, inflamando a los separatistas.

Singularidad penal

“La justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha”, denunció en una entrevista escrita antes del juicio el principal acusado, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. “Esto es imposible que hubiese pasado en países como Holanda, Bélgica, Alemania o Dinamarca”.

El hecho de que Vox pueda sacar provecho de esta tribuna, durante un proceso de tres meses muy mediatizado, “me da pena”, admitió un alto responsable del ministro de Justicia del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Esta fuente deploró que la figura jurídica de la acusación popular pueda ser utilizada “torticeramente, con intenciones no exactamente puras, limpias, sino partidistas”.

Esta figura es “una singularidad del proceso penal español”, explica el profesor de Derecho Julio Pérez Gil, quien escribió una tesis al respecto.

La figura, que no tiene equivalente en Europa según el Tribunal Supremo, permite a cualquier ciudadano español y por extensión a toda organización, a perseguir una acción penal incluso sin ser afectado directamente por el delito, y luego desempeñar un papel de acusador además de la fiscalía.

La campaña de Vox

Vox, fundado en 2013, se sirvió de su papel de acusación popular durante la fase de instrucción del juicio para ganar notoriedad.

El partido equipara sistemáticamente a los independentistas catalanes, que reivindican haber llevado a cabo un proceso pacífico, a los miembros de la desaparecida organización armada vasca ETA, que dejó más de 800 muertos.

Tras obtener apenas un 0,20% de los votos en la legislativas de 2016, Vox remeció el paisaje político en diciembre al entrar por primera vez en un Parlamento regional, en Andalucía, con 11% de los votos, mientras aspira a entrar en mayo al Parlamento Europeo.

Bondades de la acusación popular

En el Colegio de Abogados de Madrid, el penalista Rubén Martín de Pablos recuerda que la acusación popular ha sido reconocida en todas las constituciones españolas desde hace 200 años y que otros partidos se han valido de ella en el pasado.

“Ha venido bien para destapar muchos asuntos de corrupción”, afirma. O para lanzar el caso Pinochet, que desembocó en la detención en 1998 del exdictador chileno.

Pero es cierto que un partido nuevo “puede usar esa herramienta jurídica para darse a conocer y lógicamente es un escaparate espectacular, gratuito”, concede el abogado. “La ley lo permite, no se puede hacer nada, podemos criticarlo, podemos regular la ley en el futuro”.

‘Fines propagandísticos’

“La presencia de Vox desnaturaliza la figura de la acusación popular porque la utiliza con fines propagandísticos”, estima el portavoz del sindicato de abogados (de izquierda) Jueces por la Democracia, Ignacio González Vega.

Vox ha pedido, por ejemplo, 74 años de prisión contra Junqueras, mientras que la fiscalía reclama 25 años y la abogacía del Estado 12.

Ortega Smith, que no respondió a solicitudes de comentario de la AFP, cantó victoria cuando en marzo de 2018 el juez de instrucción decidió mantener en detención a un antiguo responsable catalán como pedía Vox, pese a que la fiscalía solicitaba su libertad.

Tribunal imparcial

De todas maneras, González Vega no prevé “consecuencias indeseadas: será un tribunal independiente e imparcial quien dictará la sentencia”.

En el juicio, el presidente de la sala puede interrumpir al abogado de Vox si este “quiere utilizar el altavoz del juicio para defender su propio ideario político”, aseguró el presidente del Supremo, Carlos Lesmes.

De su lado, el alto responsable ministerial estima que “los partidos políticos deberían quedar excluidos de la acusación popular, sí o sí”

Pero impedir que los partidos sean acusación popular “sería absolutamente inútil” porque un representante de Vox podría presentarse para esa función a título personal, agrega Pérez Gil, refutando la figura misma por la “posibilidad de manipulación”.

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