La Audiencia Nacional de España rechazó hoy extraditar a tres venezolanos -la exenfermera de Hugo Chávez, su marido y otra persona relacionada con la petrolera PDVSA- por posible vulneración de derechos fundamentales en el caso de ser entregados.

Fuentes de este órgano judicial informaron de que el pleno de la Audiencia Nacional, compuesto por una veintena de magistrados, analizó este viernes las reclamaciones después de que tres de sus salas se pronunciaran de manera distinta.

Mientras que dos salas dieron luz verde a la entrega de la enfermera de Chávez y de su marido, una tercera optó por rechazar la de José Ramón Sánchez Rodríguez en relación con PDVSA, donde fue contable.

El pleno revocó las dos entregas a las que habían accedido dos de las secciones y ratificó la negativa a extraditar al venezolano relacionado con corrupción en la petrolera PDVSA.

Estas tres decisiones fueron recurridas. En el caso del matrimonio vinculado a Chávez, lo hicieron sus defensas y en el del excontable de PDVSA por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en los tres casos mantuvo un criterio unánime a favor de las entregas.

En el caso de Sánchez, los magistrados que se negaron a entregarlo por presunta corrupción en la petrolera venezolana, rechazaron extraditarle al considerar que podría sufrir maltrato si era entregado.

Para apoyar este argumento, la Sala se basó en que dos detenidos por su relación con la petrolera, Diego Salazar y Enrique Luongo, llevan más de un año en los calabozos del servicio de inteligencia venezolano (Sebin) y solo recientemente han pasado a disposición del juez sin que la Fiscalía venezolana acudiera a la vista.

Por contra, la Audiencia Nacional no vio ningún peligro en extraditar a la enfermera y al considerado guardaespaldas de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, acusados de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público, según la reclamación de la Fiscalía de Venezuela.

La mujer, además de ser asistente de Chávez, durante dos años fue tesorera del Gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente de Venezuela, según ella, por negarse a firmar unos documentos cuando el gobernante estaba en su lecho de muerte.

En el caso de este matrimonio, que manifestó que tuvieron que huir del país, el tribunal entendió que no eran opositores al presidente Nicolás Maduro porque este es “continuista” de Chávez, al que sirvieron, y que por ello no sufrirían represalias, pese a la alegación de persecución política que ambos hicieron.

Con la decisión de hoy, el pleno de la Audiencia Nacional corrige la decisión de entregarles ante la situación política que atraviesa Venezuela, donde de haber sido extraditados, podrían haber sufrido vulneración de sus derechos fundamentales.

El país latinoamericano sufre una grave crisis política, con una lucha de poder entre Maduro, cuestionado por la oposición que lo califica de “ilegítimo”, y el presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que el pasado 23 de enero se proclamó presidente encargado de Venezuela.

Fuentes de la Audiencia Nacional anunciaron que el auto que reflejará su decisión se publicará en los próximos días. EFE

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