Con el transcurso de los meses se han generado diversas denuncias por parte de venezolanos que aseguran no haber sido atendido por el sistema de salud público en Colombia. En muchos centros de salud, los inmigrantes solo son recibidos cuando tienen estrictas emergencias, pero ¿cuáles podrían ser las repercusiones sociales y económicas para el país latino?

Para entender la magnitud de esta realidad se podría evaluar la información recogida por Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, en donde se consolidó la información de 442.462 venezolanos que ingresaron irregularmente al país y se acercaron voluntariamente a realizar la encuesta entre abril y junio de este año.

De éstos, tan solo 4.945 están afiliados al sistema de salud, no obstante 16.817 (casi el 4%) presentan enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y cáncer.

Es innegable que atender las distintas necesidades de estos migrantes en situación irregular significa un costo, incluso Fedesarrollo publicó un estudio en el que estima que, para finales de 2018, Colombia habrá destinado hasta unos 4 billones de pesos en prestarle atención a las necesidades básicas de los venezolanos.

Pero lo que no muestra esta cifra es cuánto podría ahorrarse Colombia si brindara atención en salud más allá de en las salas de urgencias.

Actualmente en el país latino se encuentran 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, de las cuales 6.304 no han tenido controles prenatales, según lo reseñado por El Tiempo.

Aunque no se conocen estudios que estimen esta relación costo-beneficio de atención en salud en el Colombia, podemos tener un indicio usando las experiencias de otros países, por ejemplo, en Alemania se estudiaron los gastos en salud para dos grupos de refugiados: unos con y otros sin acceso completo a salud.

La investigación concluyó que el gasto per cápita en salud fue 40% más alto en el grupo con acceso limitado.

De hecho, significó 375,8 euros per cápita al año por cada uno de los refugiados con limitaciones de acceso a los servicios de salud. En otras palabras, limitar el acceso en salud le costó casi 400 euros por refugiado al sistema. El estudio alega que, en el largo plazo, dar acceso a salud únicamente en urgencias solo aumenta los costos.

Piense, por ejemplo, en las mujeres y hombres venezolanos con cáncer, quienes necesitan sesiones frecuentes de quimioterapia o radioterapia, aunque no sean una urgencia, o en los migrantes que sufren de malformaciones, tumores o úlceras que generan dolores intensos y necesitan ser removidos, pero que no necesariamente comprometen sus vidas.

También podríamos pensar en quienes tienen VIH. Para ellos, acceder a tratamientos antirretrovirales pueden prevenir la reproducción del virus y tener una mejor calidad de vida.

Un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea analizó los costos y beneficios de proveer acceso a servicios de salud a migrantes hipertensos en una situación irregular en Alemania, Grecia y Suiza analizó. Los resultados muestran que es brindar esta atención es costo-efectivo y ahorra 83 euros, 66 euros y 84 euros por migrante, según cada país.

Frente a la hepatitis B, los hallazgos del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos demostraron que su detección y tratamiento temprano pueden tener un gran impacto en la salud, por lo que resulta costo-efectivo permitir el acceso a migrantes radiografías sistemáticas en búsqueda de infecciones.

Respecto al VIH, el tratamiento antirretroviral disminuye significativamente la transmisión del VIH y los costos asociados, bajando así el número de hospitalizaciones, entre otros.

Pero además de los costos de no tratar enfermedades, se debe pensar en los costos de no hacerle seguimiento a las mujeres embarazadas. Para medir la costo-efectividad del acceso a controles prenatales se comparó el gasto en Alemania, Grecia y Suiza de que todas las mujeres migrantes en una situación irregular tengan acceso a cuidados prenatales versus los costos del año después del parto por posibles consecuencias del bajo peso al nacer.

Los investigadores concluyeron que hacer los controles puede ahorrar, respectivamente, 56, 52 y 177 euros por mujer durante dos años. Además, un estudio en de la Universidad de California concluyó que la eliminación del uso de recursos públicos para cuidados prenatales de mujeres indocumentadas podría ahorrarle al Estado $58 millones de dólares, pero costaría hasta $194 millones más en cuidados posnatales por las consecuencias del bajo peso al nacer y de los partos prematuros.

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