De acuerdo con un trabajo realizado por el diario El País de España, el chavismo, tendencia política que cumple casi 20 años en el poder, paso de tener 13 presos políticos a 620 personas detenidas por protestar contra el “régimen”.

Según el medio de comunicación, solo en el Gobierno de Maduro, casi 13 mil personas han pasado por una celda por protestar o por motivos políticos, de las cuales 7.512 siguen sometidas a medidas cautelares, según cifras del Foro Penal Venezolano.

Al grueso expediente represivo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sumado 576 denuncias de tortura consignadas ante la Corte Penal Internacional, 200 muertes y más de 16 mil heridos durante la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.

Expertos aseguran que la toma del Poder Judicial, por parte del ex mandatario Hugo Chávez, fue el primer paso para la instauración de “la dictadura”. “Lo primero que hizo Chávez, antes de la aprobación de la Constitución, fue decretar la emergencia judicial, en la que todos los jueces fueron sometidos a una cacería de brujas y desde entonces se convirtieron provisionales, sin estabilidad, sujetos a manipulación“, así lo expresó la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, quien además aseguró que más del 70% de los jueces venezolanos se encuentran en esa condición.

De acuerdo con la investigación, el TSJ ha dictado 160 sentencias que violan los derechos humanos, además de 83 contra la Asamblea Nacional, un poder que terminó disuelto en 2017, solo cuando el partido de gobierno perdió el control frente a la mayor victoria de la oposición en 20 años.

La manipulación del sistema de justicia ha sido parte de la metodología para hacer dictaduras en el mundo moderno“, aseguró Louza. “Se empezó a cambiar el Estado de Derecho y la Constitución y luego a dictar leyes anticonstitucionales usando una neolengua para hacer ver que se sigue inserto en el mundo de los derechos humanos. Esto nunca fue un proyecto de pobres, de derechos y de izquierda, sino uno autocrático”.

IMPUNIDAD Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Por otro lado, diferentes ONGs han confirmado el aumento, en los últimos 5 años, de las ejecuciones “extraoficiales”.

Según la ONG Cofavic, el numero de muertes es abrumador: de 6 mil 385 casos, el 75% son de menores de 25 años de edad, el 95% hombres de zonas urbanas.

En este sentido, la activista Liliana Ortega, directora de Cofavic, señala que en “el marco de una impunidad institucionalizada, en la que el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no pasan a juicio, en un país violento”, este terrible récord se multiplica.

Las denuncias se corresponden a muertes ocurridas durante operativos policiales de seguridad ciudadana en los que en la mayoría de los casos están involucrados agentes del organismo de investigación de crímenes (Cicpc).

“Desde el 2015 estamos en estado en excepción, lo que ha debilitando la garantía de los derechos humanos y aumentado la impunidad en casos que son demostraciones del desamparo de las víctimas, como las detenciones arbitrarias, encarcelamiento de figuras públicas y las desapariciones forzosas”.

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