El Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) decidió este jueves que el Palacio de Guanabara de Rio de Janeiro es propiedad del Estado y no de la familia imperial, contrariando a sus herederos que llevan 123 años tratando de recuperarlo en el pleito más antiguo del país.

“Concluido el juicio del proceso que discute la propiedad del Palacio de Guanabara. La cuarta sala, por unanimidad de votos, negó los pedidos de los herederos de la familia imperial“, informó el STJ en su cuenta de Twitter. 

Los magistrados siguieron el parecer del relator, Antonio Carlos Ferreira, para quien los descendientes de la princesa Isabel de Orleans y Braganza y el príncipe Gastón de Orleans no poseían un título de propiedad que legitimara su reclamo.   

Actual sede del gobierno del estado de Rio, los herederos de la familia imperial pedían recuperar la titularidad del palacio, situado en el centro de la ‘cidade maravilhosa’, o el pago de una indemnización, según informó el sitio G1. 

La princesa Isabel era la hija de Don Pedro II, el último emperador de Brasil, depuesto con el golpe que instauró la República el 15 de noviembre de 1889, y que murió durante su exilio en Francia. 

Fue la propia Isabel, quien vivió en el Palacio de Guanabara desde su boda hasta su salida del país, la que inició el pleito en 1895 para recuperar la propiedad, lanzando el que aún es el proceso más antiguo en activo de la justicia brasileña. 

Pero, 123 años más tarde, los jueces siguen sin darle la razón. 

“Los ministros entendieron que el predio fue adquirido con recursos públicos solo para que viviera la princesa Isabel, no siendo una propiedad dada como dote”, informó el STJ. 

Los herederos de la princesa, sin embargo, podrían no haber dicho todavía su última palabra en este caso que ha dado varios giros durante este tiempo -llegando incluso a cerrarse en la década de los 60-, como manifestó su abogado Dirceu Alves Pinto al conocer la decisión. 

Según G1, el letrado aún analiza si presenta nuevos recursos sobre el caso, con la posibilidad de elevarlo incluso al Supremo Tribunal Federal (STF).

AFP.

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