Cuba concluye este jueves tres meses de debates populares sobre la reforma de su Constitución: el texto, que reconoce la propiedad privada y abre el camino al matrimonio gay, ahora será afinado por el Parlamento y luego sometido a referendo en febrero.

“El pueblo puede sentirse orgulloso de haber construido una nueva Constitución”, dijo en la televisión Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y uno de los principales artesanos del proyecto.

Acosta reveló cifras impresionantes: más de 7,4 millones de cubanos (en una población de 11 millones de habitantes) participó en 110.000 debates, organizados en barrios, centros de trabajo y universidades.

Pero “hubo mucha pasividad”, advierte el abogado constitucionalista Julio Antonio Fernández, tras destacar que “solo poco más de un millón de personas participó activamente”, según las “intervenciones” registradas durante los debates.

“Solo 600.000 hicieron algún planteamiento directo que no fuera solo una opinión o un apoyo al proyecto”, y “poco más de 27.000 personas han hecho propuestas de adición al proyecto”, no de modificarlo o enmendarlo, lo que responde, según el letrado, al miedo y a “el enorme escepticismo” de que sus criterios sean realmente tomados en cuenta.

“27.000 de siete millones es un por ciento bajo, pero de todas maneras han sido siete millones de personas que han asistido a una asamblea en la que se ha convocado abiertamente a hablar”, en un país que es generalmente cuestionado por la opacidad de sus elecciones, opina Fernández.

Destaca que “la limitación más grande que tiene la consulta es que no tiene carácter vinculante”.

 

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