Tras el cierre de Smurfit Kappa en Venezuela, cientos de empleados se turnan para proteger la maquinaria pesada de la empresa.

Los trabajadores que contaron con la compañía irlandesa para el transporte, la educación, la vivienda y la alimentación están esperanzados en que alguien, cualquiera que no sea la administración del Gobierno, les permita reiniciar las operaciones, según reseña The Wall Street Journal.

“Ayuda, necesitamos un patrón aquí. Estamos desesperados”, dijo al referido medio Ramón Mendoza, un trabajador que durante 17 años estuvo en la división forestal de Smurfit. “Estamos muy asustados porque sabemos que lo único que hace el gobierno es destruir todo, todas las empresas”, dice.

Smurfit, que durante seis décadas se dedicó a la producción en Venezuela, se retiró abruptamente a fines de septiembre, luego de que militares venezolanos arrestaron a varios gerentes y tomaron sus plantas. Las autoridades acusaron a la compañía de especulación y exigieron que bajara los precios de algunos productos en un 80%, según denunciaron los líderes sindicales.

Smurfit negó los cargos. La compañía no respondió a las solicitudes de comentarios. Dos de sus gerentes siguen detenidos.

Los empleados de Smurfit en Venezuela esperan que alguien venga y salve a una empresa ya cerrada en la que se sienten confiados no solo por los salarios, sino también por el transporte, la educación, la vivienda y la comida.

El cierre de Smurfit dejó a 1.600 personas sin empleo y a grandes empresas desde Nestlé a Empresas Polar sin materiales de embalaje, dijo Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.

Colgate-Palmolive detuvo la producción en una planta el mes pasado porque carecía de cajas para empacar sus jabones y detergentes, según el líder sindical Carlos Rodríguez.

En un país dependiente del petróleo, Smurfit era una de las pocas empresas no energéticas que producían sus propias materias primas e incluso exportaban productos. Su retiro es problemático para los trabajadores despedidos y las comunidades circundantes esparcidas por todo el país, que cada vez son más dependientes de la empresa a medida que el país se desliza hacia una crisis.

Los trabajadores que viven en los alrededores habían recibido préstamos sin intereses de Smurfit para sus casas. Los residentes dijeron que ya no pueden contar con las cuatro ambulancias que pagó la compañía para atender a las comunidades de chozas con techo de hojalata.

En la Escuela Técnica Agrícola en la ciudad cercana de Acarigua, que fue financiada en su totalidad por Smurfit, casi 200 niños que viven en la pobreza extrema solían recibir una educación, alojamiento y comidas calientes que se han convertido en un lujo al colapsar las escuelas públicas. Durante dos décadas, muchos de sus graduados habían ido a trabajar para Smurfit.

Se suponía que el año académico comenzaría el 1 de octubre. Pero sin dinero para alimentar y transportar a los estudiantes, hay silencio en los pasillos.

Vladimir Sequera, un campesino de 34 años, dijo que nunca pudo sacar el sexto grado, pero tenía mayores esperanzas para su hijastra de 15 años, Gabriela Sequera, quien habría comenzado su cuarto año en la escuela técnica. Ella aspiraba a ser abogada. “Es como, pum”, dijo Gabriela Sequera, chasqueando los dedos. “Nos quitaron todo nuestro futuro”.

“Le está dando un disparo en el pie al país”, dijo Raúl Gallegos, quien asesora a las empresas en la consultora Control Risk, refiriéndose a Maduro. “Eso demuestra la crueldad, de hacer que las personas dependan cada vez más del gobierno. Eso es bastante oscuro”.

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