El Gobierno de Donald Trump está analizando de nuevo la separación de familias de inmigrantes que tratan de cruzar frontera ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según informó hoy “The Washington Post”.

La separación de familias en la frontera como medida de disuasión de la inmigración ilegal causó hace unos meses una ola de indignación internacional. Varios pronunciamientos de jueces federales obligaron al Gobierno a frenar las separaciones y a reunir con sus padres a los niños separados de ellos.

Una de las opciones que baraja ahora la Casa Blanca, según “The Washington Post”, es detener juntas a las familias que buscan asilo hasta los 20 días, que es el plazo que la ley dice que un menor puede permanecer arrestado junto a sus progenitores.

Entonces se daría a estos la opción de quedarse todos bajo detención durante el tiempo que dure el proceso de asilo -meses o incluso años- o permitir que los niños sean llevados a un albergue gubernamental para menores no acompañados.

El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Trump en el marco de su política de “tolerancia cero” es mucho mayor del admitido. Según un informe publicado el jueves por Amnistía Internacional, ascendió a más de 6.000 en cuatro meses, desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto. La cifra de familias separadas desde 2017 llega a 8.000 desde 2017.

Trump ha hecho de la mano dura en inmigración uno de los pilares de su acción de Gobierno.

En abril, su fiscal general, Jeff Sessions, dio la orden de perseguir penalmente a todo migrante que cruzara ilegalmente la frontera desde México. La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar, y estos fueron separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.

Bautizada como “tolerancia cero”, Trump utilizó esta política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal. Las separaciones generaron una ola de indignación dentro y fuera del país y el mandatario acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que dispuso ponerles fin.

No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños estuvieran en prisión con sus padres. Pero una jueza federal de Los Ángeles se lo negó. Y luego otro juez federal de California ordenó la reunificación de todas las familias. DPA 

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