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La Corte Penal Internacional (CPI) entró en funciones en La Haya en 2002, tras la ratificación del Estatuto de Roma. Hasta el momento, más de 120 países se adhirieron al documento fundacional.

Independiente, fue creada para juzgar a los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

Solo puede intervenir cuando la justicia del país no quiere o no se encuentra en condiciones debido a un sistema judicial colapsado.

También puede actuar en caso de que un país intente proteger a una persona de su responsabilidad criminal.

La Corte solo puede juzgar a un individuo si es originario de un país signatario o si los crímenes fueron cometidos allí.

Una investigación puede ser abierta por el fiscal a pedido de un país miembro. El fiscal también puede iniciar una investigación por iniciativa propia, tras autorización de los jueces.

El Consejo de Seguridad de la ONU también puede pedir el inicio de una investigación. En este caso, la competencia de la CPI puede ampliarse a un Estado no firmante del estatuto de Roma.

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