La petición que la semana que viene se presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela podría llevar la firma de Mauricio Macri, Iván Duque, Sebastián Piñera, Mario Abdo Benítez y Martín Vizcarra.

Sus países -Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- estudian ahora mismo si la petición que enviarán a La Haya llevará la rúbrica de los presidentes, dijo hoy en entrevista con dpa el vicecanciller peruano, Hugo de Zela, uno de los artífices de la iniciativa.

“Estamos considerando las dos posibilidades: que lo firmen los cinco presidentes o los cinco cancilleres. Lo que sí está claro ya es que eso va a ocurrir entre el martes y el miércoles de esta semana en Nueva York, porque ahí van a estar todos juntos”, manifestó De Zela. La semana que viene, la metrópolis estadounidense acoge la Asamblea General de la ONU.

La iniciativa carece de precedentes. Nunca en la historia de la CPI un Estado ha denunciado a otro. De Zela asegura que irá acompañada de “documentación sólida y seria” con indicios sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La corte, con sede en La Haya (Holanda), es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No pertenece al sistema de la ONU, pero tiene un acuerdo con él.

Creada por el Estatuto de Roma, comenzó a operar en 2003. Tiene competencia en los países que ratificaron el tratado -que son los que pueden denunciar y ser denunciados-. Venezuela fue el primero de Latinoamérica en hacerlo y también lo han suscrito los cinco que la semana que viene presentarán la denuncia.

Según De Zela, aún podría sumarse alguno más del Grupo de Lima a la iniciativa.

Sumida en una crisis política y económica desde hace años, la mayor presión sobre la Venezuela de Nicolás Maduro está llegando con la crisis migratoria que ha generado en la región la salida de centenares de miles de venezolanos ante la crisis humanitaria en la que ha devenido la situación. ACNUR cifra en unos 2,3 millones de personas las que han abandonado el país desde 2014.

No se va a denunciar a Maduro

De Zela puntualizó que no se va a denunciar a Maduro, aunque a nivel personal confía en verlo en el futuro en el banquillo de los acusados en La Haya. “No estamos haciendo una acusación específica a ninguna persona, estamos pidiendo que se inicie el proceso que va a llevar a esa identificación”, manifestó.

Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú consideran que hay “indicios suficientes” de que se pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones importantes de Derechos Humanos.

De Zela sostiene que la petición de los cinco países abrirá automáticamente una investigación de la fiscalía. Fuentes de la corte en La Haya, no obstante, dijeron el mes pasado a dpa que no es así. “La remisión de un Estado no conduce automáticamente a la apertura de una investigación”, indicaron.

Lo que sí puede hacer, prosiguieron las fuentes, es acelarar la apertura de una investigación si la fiscalía concluye que se cumplen todos los requerimientos del Estatuto de Roma en el examen preliminar que abrió en febrero por crímenes supuestamente cometidos en Venezuela desde al menos 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos.

De Zela defiende además que el paso que se va a dar obligará a la corte a ir dando cuenta del resultado de sus pesquisas, algo que no ocurre actualmente.

En medio de la nueva controversia sobre una posible intervención militar en Venezuela, el vicecanciller no cree que se esté a las puertas de una acción armada.

Durante una reciente visita a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, destino de una parte importante de los venezolanos que salen de su país, Almagro manifestó que no se debe descartar “ninguna opción” al ser preguntado por la militar.

Posteriormente dijo que se malinterpretaron sus palabras, pero el Grupo de Lima había reaccionado ya con un rechazo a las mismas en un comunicado que no suscribió el Gobierno colombiano de Duque.

“La posición de todos es en el sentido de rechazar una intervención militar. Incluyo definitivamente a Colombia, porque ha habido una expresión muy clara del presidente Duque y de la Cancillería colombiana en un documento oficial”, indicó De Zela.

El funcionario peruano tuvo esta semana reuniones en Washington con el Gobierno de Donald Trump, quien ya hace un año puso sobre la mesa la opción militar.

Asegura que en esos encuentros, entre ellos con el secretario de Estado adjunto, John Sullivan, y con el encargado de los Asuntos del Hemisferio en el Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, nadie mencionó “ninguna intención” de que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela. DPA

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