Según un informe publicado este jueves por la Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional, el gobierno venezolano utilizó a las fuerzas de seguridad del Estado para amedrentar a la población más vulnerable del país a través de las llamadas OLP, en las cuales dichos organismos realizaron ejecuciones de cientos de jóvenes: tratados como criminales; “cuando lo que debería estar haciendo es implementar políticas para regular la delincuencia en todos los aspectos”, destaca el informe.

La muy elevada tasa de homicidios, junto con los niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra.

Durante la presentación del estudio, titulado “Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela”, el director de la ONG en España, Estaban Beltrán, resaltó que las ejecuciones entre abril y julio de 2017, fueron superiores a los países en los cuales hay conflictos armados.

De acuerdo con AI, desde 2002 la cantidad de homicidios en Venezuela ha aumentado de manera constante y a partir de 2010 se convirtió en crítica “porque la tasa de homicidios no ha bajado de las 50 personas por cada 100.000 habitantes”.

En 2017, se calculó que el índice de homicidio era de 89 personas por cada 100.000 habitantes, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil, donde se destaca que las víctimas, en su mayoría, son hombre entre 16 y 29 años de edad, padres de niños pequeños, responsables del sustento del hogar en las zonas populares de mayor índice de pobreza en las ciudades.

“El gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitárselas a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares los vean como enemigos que deben erradicar”, dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.

Ejecuciones

En la misma línea, Amnistía Internacional destacó su preocupación por las presuntas ejecuciones que realizan agentes del Estado durante operativos en contra de la delincuencia, en particular los que se llamaron operación de liberación del pueblo (OLP), generalmente en los barrios marginales de las ciudades.

“Funcionarios del Estado, guiados por una racionalidad militar, han empleado la fuerza de forma abusiva y excesiva con regularidad y, en algunos casos, de manera letal e intencionada en el marco de los operativos de seguridad”, señala la organización.

En este sentido, el organismo recoge relatos de padres y madres que narran cómo sus hijos resultaron muertos durante ese tipo de operativos en el interior de sus propias viviendas de las que fueron robados objetos de valor como electrodomésticos, dinero en efectivo y prendas de vestir.

En esos casos, las muertes ocurrieron en presencia de los familiares de la víctima.

“En los casos documentados por AI, todas las víctimas estaban desarmadas. Las autopsias muestran disparos en el cuello, tórax o cabeza, y la muerte se produce cuando se encuentran arrodillados o acostados. Las autoridades alegan enfrentamiento, pero no figura ni un solo policía herido”, resaltó Beltrán.

De acuerdo con AI, las presuntas ejecuciones han ido en aumento, de 384 registradas en 2012 a 669 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y 2.379 en 2016.

Migración forzada

De acuerdo con las declaraciones de Erika Guevara Rosas, una de las consecuencias más notables de las violaciones masivas a los derechos humanos y la falta de seguridad ciudadana ha sido el drástico aumento del número de personas que están huyendo hacia otros países, que según la ONU se estima que 2,3 millones de personas desde 2014.

Venezuela atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos en su historia. La lista de delitos bajo el derecho internacional en contra de la población va en incremento. Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usan un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”, dijo Guevara Rosas.

Por último, Amnistía Internacional realizó un llamado al Estado venezolano a implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano.

Conclusiones presentadas:

  • El Estado venezolano es responsable “de la violación del derecho a la vida y la integridad personal de cientos de cientos de víctimas”.
  • El Estado venezolano ha implementado medidas represivas y ejecuciones extrajudiciales.
  • Las políticas represivas del Estado criminalizan socialmente la pobreza.
  • La violencia en Venezuela se vive principalmente en zonas populares “con riesgo de exclusión social”.
  • Los mayores protagonistas son hombres entre los 15 y 44 años.
  • Los planes de seguridad entre el 2002 y el 2017 aplicaron métodos de represión para combatir el crimen como “allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y torturas”.
  • Venezuela es uno de los países más violentos del mundo: hay 89 homicidios por cada 100.000 habitantes (cifra de 2017).
  • Desde 2002 el incremento en homicidios “ha ido en aumento constante”.
  • Amnistía dice que ha podido identificar “actuaciones de agentes del Estado venezolano que les atribuyen la responsabilidad sobre las altísimas tasas de homicidios del país”.
  • La impunidad en casos de homicidios alcanza niveles del 90%.
  • 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.
  • 22% de los homicidios en 2016 fueron a manos de funcionarios de seguridad, equivalente a 4.667 homicidios.
  • Es el segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios en 2017, después de Siria.
  • 95% de las víctimas de homicidios en 2017 fueron hombres.
  • 60% de las víctimas de homicidios en 2017 tenían entre 12 y 29 años.

Las víctimas:

  • Jóvenes entre 16 y 29 años de edad.
  • Padres de niñas y niños pequeños.
  • Responsables del sustento del hogar.
  • Zonas populares (con altos índices de pobreza).
  • Mayoría con educación secundaria concluida.
  • Obreros.
  • La mayoría asesinados en sus hogares en presencia de sus familias.
  • Muertes ocurridas en marco de operativos de seguridad.
  • Disparos al tórax, cabeza y cuello.

Situación de DDHH en Venezuela:

  • 87% de las personas en Venezuela en situación de pobreza en 2017.
  • 61,2% de las personas en Venezuela en situación de pobreza extrema en 2017.
  • 2.600% de inflación hacia finales de 2017 (estimación, FMI).
  • 1.000.000% inflación estimada para finales de 2018 (FMI).

A continuación el informe completo

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