Según un trabajo publicado por el diario La Opinión, el contrabando de combustible en la frontera de Venezuela hacia Colombia, tiene años ejecutándose. Sin embargo, con la aguda crisis que vive Venezuela actualmente, el sector contrabandista se ha potenciado como nunca.

El contrabando no es nuevo, toda la vida ha existido el contrabando en la frontera y aquí todo el mundo vive es de eso. Antes de que yo naciera, y antes de que existiera el Puente Simón Bolívar, el contrabando pasaba el río Táchira en canoa; pero esos eran otros tiempos”, contó al diario del vecino país el sexagenario José Luis Molina, habitante del municipio Pedro María Ureña, en la frontera venezolana.

De acuerdo con lo publicado por la periodista Eilyn Cardozo, el cierre de la frontera que se realizó entre 2015 y 2016, trajo consigo el colapso del comercio formal y de la producción industrial en los municipios fronterizos.

“Aunado a la profunda crisis económica y social (…), han convertido al contrabando en el motor que mueve la economía en la frontera venezolana, donde autoridades locales y nacionales han reconocido un incremento en los niveles de ilegalidad en los municipios fronterizos de San Antonio y Ureña, así como la existencia de organizaciones criminales armadas dedicadas, entre otras cosas, al tráfico ilegal de mercancías”, reseñó Cardozo.

En el mismo texto se indica que la gasolina es el producto venezolano que más apetece a los contrabandistas de ambos lados de la frontera, ya que históricamente, Venezuela como país petrolero, subsidia el combustible mientras que en lado neogranadino, los carburantes son de valor más elevado.

“Una pimpina de 20 litros de combustible venezolano, que en la actualidad tiene un costo de un bolívar soberano, tiene un precio en el mercado negro colombiano de aproximadamente 25 mil pesos, que equivalen a mil quinientos bolívares soberanos, lo que representa una jugosa ganancia, a cambio de una casi nula inversión”, expresa la investigación.

Sin embargo, el gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas para buscar controlar ese fenómeno que se aplica desde tiempos ancestrales. Una de las medidas es la aplicación de precios internacionales en los 43 municipios fronterizos a través de la implementación del “Carnet de la Patria”.

No obstante, para los tachirense, las medidas implementadas desde el ejecutivo nacional, solo contribuirán a incrementar la inseguridad y la ilegalidad. “La implementación de políticas públicas condicionantes en el expendio de combustible, en un estado fronterizo, incrementa las actividades ilícitas en beneficio de unos pocos”, señaló la gobernadora de la entidad andina, Laidy Gómez.

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