Pasa en Venezuela

99 secuestros se registraron en el primer semestre de 2018

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El Monitor del Observatorio del Delito Organizado, señaló que tras las primeras 26 semanas de este año, al menos 112 personas fueron secuestradas, de cara a los 99 casos reseñado en prensa, lo que representa un incremento del 6,5% en comparación con el mismo período del año pasado que sumó 93 víctimas.

De los 99 casos señalados mediante el informe, 39 de ellos fueron de secuestro prolongado donde las víctimas fueron retenidas por más de 24 horas; 23 fueron secuestro exprés; 33 fueron robos frustrados al momento, y solo 1 resultó ser un autosecuestro.

En el 87,8% de estos casos, las víctimas fueron liberadas, mientras que 6 fueron asesinadas por sus secuestradores.

Por otro lado, según reportes policiales, cerrando el mes de junio, 11 personas permanecían en cautiverio mientras que 19 se desconocía su paradero. Así como también indicaron que de las mencionadas 112 personas, 87 eran hombre de 45 a 65 años de edad, según lo reseñado por El Nacional.

Un monitoreo de este delito, acotó que entre los años 2016 y 2017, obtuvieron una diferencia de apenas 4,3%, indicando así una diferencia mínima entre un año y otro sin evidencia de que haya disminuido.

Sin seguimiento

Por su parte, expertos en criminalísticas consideraron que el incremento de este delito se debe a dos aspectos: La limitación del ejercicio de los funcionarios por la instalación de las llamadas zonas de paz durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres en el Ministerio de Interior y Justicia, así como la falta de seguimiento de los casos luego denunciados en el organismo de seguridad.

Sergio Gonzáles, quien era director de la Unidad de Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), explicó que los funcionarios no proceden con la investigación si se conoce que captores reciben pagos por parte de los familiares del secuestrado.

“En sectores como La Cota 905 y El Valle, denominadas zonas de paz, el delincuente baja del lugar en una camioneta con varios hombres armados, recogen el dinero y luego le indican al familiar que la víctima será liberada en un sector determinado. El funcionario, sea del Cicpc o Conas, solo observa de lejos, es un acompañamiento, sabe que ese sector es impenetrable porque es zona de paz”, acotó.

Asimismo, indicó que por tal motivo la familia debe apegar a la investigación y ser persistente.

“Cuando la familia manifiesta que no puede pagar un rescate es allí cuando el funcionario inicia su labor, pero los parientes deben estar detrás del caso. Lo normal es que se reciba la denuncia y se abra la investigación. Lo que ocurre actualmente es una actuación atípica y está pasando desde 2015. Se conoce además que los familiares ofrecen un incentivo a los funcionarios si dan por resuelto el caso”, insistió.

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