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Ocho claves de la crisis que vive Nicaragua

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Más de 160 personas han muerto y otras 1.400 resultaron heridas desde el pasado 18 de abril en Nicaragua, donde una pequeña protesta estudiantil dio paso a la más grave crisis en la historia del país desde la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

A dos meses de iniciado el conflicto no se vislumbra una pronta solución debido a que el presidente, Daniel Ortega, se resiste a dejar el poder como lo exige la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a estudiantes, empresarios y otros miembros de la sociedad civil involucrados en las protestas.

Estas son algunas claves para entender la crisis:

¿Cómo empezó el conflicto?

La crisis comenzó el 18 de abril con una protesta de estudiantes contra una reforma al Seguro Social que afectaba a miles de trabajadores y jubilados. Las manifestaciones se extendieron a 14 ciudades del país y cobraron fuerza debido a la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, que siguen protestando.

¿Quiénes están involucrados?

Las protestas las protagonizan estudiantes, trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios y campesinos. Del lado del Gobierno actúan policías uniformados y de civil, activistas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y paramilitares bajo un mando paralelo de la Policía. Este último grupo incluye a pandilleros (maras) y francotiradores que han aterrorizado a las ciudades con saqueos y ataques nocturnos.

¿Por qué esta rebelión es diferente a la revolución de 1979?

La revolución de 1979 fue resultado de una insurrección armada dirigida por el FSLN, entonces un movimiento guerrillero que luchó en las montañas y organizó a la población en barrios, ciudades y municipios. En este nuevo caso, se trata de una rebelión totalmente cívica, donde los jóvenes, trabajadores de la ciudad y campesinos resisten los ataques del Gobierno sin armamento y sin una dirección política o militar. Sus armas son piedras y morteros (bombas caseras).

¿Cuántas víctimas ha dejado esta crisis?

Según el Gobierno, 46 personas murieron desde que iniciaron las protestas, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta al menos 127 muertos y más de 1.200 heridos. Por su parte, organismos de derechos humanos de Nicaragua elevan a más de 160 la cifra de víctimas fatales, en su mayoría jóvenes heridos por armas de fuego.

¿Cuál ha sido la posición del Ejército?

El Ejército ha asegurado que se mantendría al margen del conflicto y que sólo vigilaría “objetivos económicos estratégicos” como el aeropuerto internacional, los puertos e instituciones importantes. Sin embargo, en los últimos días se han conocido denuncias sobre el supuesto uso de medios aéreos militares y de expertos francotiradores en apoyo a la Policía.

¿Qué pasa en la ciudad de Masaya?

Situada a sólo 25 kilómetros de Managua, la ciudad de Masaya fue clave en la lucha guerrillera sandinista, y el barrio indígena de Monimbó, uno de sus lugares emblemáticos, fue escenario de la resistencia indígena contra Somoza. Hoy la ciudad funciona como un “territorio liberado”, rodeado por “tranques” y barricadas que las fuerzas del Gobierno no han podido destruir. El jefe de la Policía no puede salir del cuartel, que permanece vigilado por los manifestantes.

¿Qué son los “tranques”?

Son retenes de piedras, troncos y adoquines colocados sobre carreteras para impedir el tráfico y bloquear fundamentalmente el comercio terrestre regional. Según dirigentes campesinos que dirigen este sector de la protesta, hay más de 130 “tranques” en las 16 provincias de Nicaragua que han impedido el paso de más de 6.000 furgones de carga de distintos países de Centroamérica que se encuentran varados en el territorio.

¿Qué se espera del diálogo nacional?

El diálogo que se instaló el 16 de mayo y se suspendió el 23, con posibilidades de reanudarse, es considerado una herramienta para ayudar a resolver la crisis. Sin embargo, las posiciones han sido antagónicas: la Alianza Cívica exige la renuncia de Ortega, la sustitución de autoridades electoral y elecciones anticipadas, mientras el Gobierno asegura que esa posición es “inconstitucional” y significaría dar un golpe de Estado al Ejecutivo. DPA

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