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Venezuela sigue sin pagar pensión a españoles retornados

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Cientos de españoles que vivieron en Venezuela y retornaron a su país de origen, organizados en la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (Apejuveg), continúan en la lucha de sus derechos y esta vez, solicitan a las autoridades del país europeo que les sea aprobada una pensión mínima ante la falta de pago desde Venezuela, que se remonta a finales del año 2015.

Sin embargo, los miembros de la asociación destacan que no exigen a España un deber que le corresponde a Venezuela. En cambio, piden verse amparados por este beneficio que se comprometen a reembolsar una vez que Venezuela cancele la deuda.

“Los que se fueron están totalmente olvidados”, lamenta María Fernanda, responsable de relaciones institucionales de Apejuveg, que representa a 600 personas en Galicia, para un total 9.000 afectados en toda España.

María Fernanda es hija de Serafín Ruiz González, nacido en Santander, al norte de España, y actualmente residenciado en Galicia. Se marchó a Venezuela en 1949 y trabajó en el país caribeño durante toda su vida en una empresa de química.

En su retorno a España y tras el impago por parte de Venezuela, los integrantes han salido a las calles a reclamar y optar por la vía judicial. Para Serafín, el juzgado de Vigo le dio la razón y le permitió acceder a la pensión mínima, mientras que miles de personas en la misma situación esperan porque sus casos sean atendidos.

“En un 80% son retornados españoles, muchos nacidos en esta tierra. Lo que han hecho es, en la época peor que tuvo España, irse a Venezuela, vivir allá, contribuir con la recuperación española con lo que se podía, regresarse a su tierra con una pensión después de una vida ya hecha, solo para encontrarse que la pensión desaparece y a ellos se les tira al olvido”, señaló Andrés Varenkow, presidente de Apejuveg.

Explican que la situación se complica por varias razones, entre ellas, el complejo sistema monetario y cambiario en Venezuela, aunado a que las autoridades de este país no han notificado oficialmente el impago, lo cual impide a España el procedimiento para ceder la pensión mínima.

“No pedimos a España que tome el rol que no le corresponde sustituyendo a Venezuela. Lo que estamos pidiendo es que sea una especie de crédito puente y ni siquiera para todo el mundo, que sea puramente humanitario, y que cuando Venezuela pague, que nunca ha dicho que no va a pagar, se le devuelve ese dinero, pero no pueden dejar a las personas tiradas en la calle”, dice Varenkow.

Por su parte, el Ministerio Español advierte que la Seguridad Social en caso de “modificar la legislación que permitiera asumir el pago de la pensión no abonada por otro país, abriría la puerta a que ciudadanos de cualquier país reclamaran al Estado español el pago de las pensiones que los Gobiernos propios dejan de cumplir”.

María Fernanda señala que de las 200 demandas introducidas, han sido ganadas más de 50. Mientras que las constantes protestas han retrasado algunos juicios hasta enero de 2019.

En este sentido, hizo referencia a casos como el de Esteban Janeiro, de 85 años de edad, que tenía programado el juicio para el 12 de diciembre de 2017, pero falleció el 10 de octubre.

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