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Ministro de Justicia cuestiona al juez del caso de La Manada

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El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, cuestionó hoy al juez que rechazó la culpabilidad de los cinco hombres que asaltaron sexualmente a una joven en Pamplona (norte), conocidos como “La Manada”, al afirmar que “tiene algún problema singular” y que “todos lo saben”.

El tribunal condenó a los acusados a nueve años por abuso sexual y no por agresión (violación), lo que causó en España un gran rechazo social y político.

Pero aún causó más indignación el voto particular de uno de los jueces, quien en su escrito afirmó que en los vídeos que se presentaron como prueba sólo observa a cinco varones y una mujer practicando “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”.

El ministro, que ayer se mostró convencido de que habrá una “resolución justa” cuando el caso se recurra ante un tribunal superior, consideró hoy en una entrevista radiofónica que el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) “debería haber actuado preventivamente” contra el magistrado Ricardo González, aunque rehusó explicar cual es el problema que tiene.

El ministro también se mostró sorprendido por la reacción de jueces y fiscales a sus críticas a la sentencia, afirmó que es “partidario de que las leyes se adapten a la realidad” y consideró que “si hay desajustes, como se ha visto en este caso, hay que legislar”.

En su sentencia del pasado día 26, el tribunal de Pamplona, ciudad donde ocurrieron los hechos, consideró que había habido abuso sexual continuado al entender que se produjeron sin el consentimiento de la joven, pero no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que se considerara agresión sexual (violación), según el código penal español.

Desde entonces, miles de personas han salido a las calles de toda España para protestar por el fallo judicial, al grito de “No es abuso, es violación” y “yo sí te creo”, al considerar que la sentencia cuestiona la credibilidad de la víctima.

Por su parte, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a consensuar con las principales fuerzas políticas una posible reforma del Código Penal, para adaptar las leyes a las demandas de la sociedad, que exige una “tolerancia cero” contra las agresiones a las mujeres. EFE

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